De poder a poder: cooperativistas y Gobierno

Entre las modificaciones a la Ley General de Cooperativas previstas por la Asamblea Legislativa, salió a relucir el derecho a la sindicalización de los trabajadores cooperativistas. Como los dueños cooperativos (verdaderamente tienen esa calidad) no permiten la sindicalización de sus obreros, desataron el conflicto para que en sus dominios no se organicen sindicatos. Esta posición es contradictoria en un sector que se auto titula proletario, ya que la agrupación en sindicatos es esencial a la clase trabajadora. Los dueños de las cooperativas aparecen así en la extrema derecha de los capitalistas. En las cooperativas de servicios existen sindicatos.

Considerando las condiciones rudimentarias de su trabajo, su poca o nula contribución tributaria al Estado y la explotación de sus trabajadores, a los que se excluye de todo beneficio social, las cooperativas mineras nacionales gozan de privilegios y en los países vecinos son tenidas como ilícitas.

Iniciado el bloqueo en 5 departamentos y después de haber doblegado a los contingentes policiales, ampliaron sus exigencias para poder asociarse con empresas nacionales y transnacionales, supresión de controles ambientales (si los hay), etc. Los cooperativistas no contentos con la riqueza acumulada en una década de altos precios de los minerales, plantean, en los hechos, convertirse en receptores de utilidades generadas por los inversionistas y/o negociar sus concesiones al mejor postor.

Su estrategia de enriquecimiento los ha llevado a aliarse con el oficialismo, garantizándole su apoyo en las calles con finalidades intimidatorias, de ahí que la ley que prohíbe el empleo de dinamita en marchas y bloqueos no tardó en ser revocada respecto a los mineros. Se trata de una fuerza que se calcula en 150.000 miembros. Ante la posibilidad de la sindicalización, hizo sentir su poder a su propio aliado: el Gobierno.

Y como éste algo iluso pretendió desbloquear con policías carentes de instrucción y armados solo de lacrimógenos, los expuso al cerco, a ser reducidos a rehenes, a sufrir torturas sin compasión de sus heridas y a otros vejámenes.

La captura de los belicosos cooperativistas fue en número menor a la de los policías rehenes y, en la práctica, se produjo el canje de unos por otros. La opinión pública vio casi con indiferencia el vejamen, recordando la represión prepotente a cargo de los mismos contra personas físicamente impedidas: los discapacitados.

No faltan quienes juzgan que estos extremos atentan contra el Estado de Derecho y la legalidad, pero son más los que creen que una débil línea nos separa de la anarquía, en muchos casos fomentada. ¿No ocurre así al presente con uno de los sectores preferidos del oficialismo?

El disminuido principio de autoridad actual no comulga con el Estado Pleno que se atribuye el oficialismo en contraposición al Estado republicano, falto de presencia -dice- en todos los ámbitos. Se ve que mediante marchas y bloqueos se obtiene de las autoridades cuanto se quiere, no siempre en beneficio del resto de la colectividad. Pese a las protestas de aplicación de la ley a los revoltosos detenidos, no tardarán en ser liberados. Así ha sucedido y así continuará sucediendo.