Sigue el misterio de las barcazas chinas

Han pasado muchos plazos desde la fecha que se fijó para el traslado de las barcazas desde un puerto de China; muchas veces el gobierno ha sostenido que “todo está en curso de concretarse, la venida de las barcazas”; pero la realidad muestra que, conforme transcurre el tiempo, surgen más dificultades, sea por derechos portuarios o por indecisiones de las autoridades judiciales chinas que no dan paso a que esas barcazas sean embarcadas rumbo a Bolivia.

Se ha pagado, al contado y mucho antes de haberse firmado contratos, el importe de 30 millones de dólares a una empresa coreana que muy luego traspasó el caso a una empresa china; desde entonces el resultado es que, transcurrido tanto tiempo, no hay noticias al respecto.

Se ha sostenido que los responsables de este mal negocio son los directivos de la Fuerza Fluvial y Lacustre que no han sabido hacer negocios y que, además, no han tomado las previsiones necesarias para que la negociación sea limpia, que las condiciones para la construcción de dicho material y su posterior traslado a Bolivia sean realizados en las mejores condiciones de seguridad y garantía; en otras palabras, se ha obrado con absoluta negligencia e irresponsabilidad sin que hasta ahora los autores de semejante yerro hayan sufrido las consecuencias de sus actos y respondan luego de los juicios pertinentes en los estrados judiciales. Todo muestra que habría una especie de “cuidar la seguridad de los culpables” y nada se hace por mostrar transparencia en el caso y definir la situación de las barcazas que, como transcurre el tiempo, ya deben estar desgastadas y obsoletas por el largo tiempo en un puerto de China.

Es una vergüenza para el país, y mucho más para el gobierno, que este caso esté siempre pendiente de que se corrija errores de procedimiento, trabas que ponen los chinos, dificultades para la habilitación previa de las barcazas y su posterior traslado; pero, en todo caso, lo sensible es que no hay informaciones precisas al respecto y solamente se arguye uno y otro pretexto cuando se interroga a los responsables que, al final, trasladan su responsabilidad a una u otra autoridad que “habría tenido participación en el caso”.

Es urgente que el gobierno defina la verdad sobre este asunto que, repetimos, es motivo de vergüenza para el gobierno que no sabe cómo ni cuándo definir un caso que debería haber tenido solución hace mucho tiempo; por otra parte, se debería informar sobre la responsabilidad de los negocios para la compra de este material que debía estar en servicio hace mucho. Callar lo referido a este problema no es otra cosa que irresponsabilidad al ocultar la verdad; pero, entretanto, el país tiene que lamentar la casi pérdida de 30 millones de dólares y más por los gastos que han significado los diversos trámites, viajes de comisiones y otros.