Bolivia, país minero sin política minera

El hecho de que nuestro país registre en forma crónica graves dificultades en su economía minera, revela a ojos vistas que el Estado carece de políticas adecuadas para la materia y que diversos esfuerzos son más buenas intenciones que medidas que superen la situación.

Al respecto, un solo dato demuestra ese estado de cosas. En efecto, la renta minera del país depende exclusivamente de las cotizaciones internacionales de los metales y minerales y, por otro lado, la actividad en este renglón sigue decayendo y marchando hacia la ruina. En forma concreta, la producción minera descendió el año pasado en 207 millones de dólares en relación con el año 2011, cuando dicha renta llegó a 431.3 millones de dólares, como sostiene el ingeniero Dionisio Garzón.

La fuente de divisas de la minería, que en el pasado satisfacía alrededor del 70 por ciento la economía del país, al presente ha caído hasta el 30 por ciento, para ser sustituida por la renta producida por la exportación de hidrocarburos, hecho que ha convertido a Bolivia de país minero en país gasífero.

Sin embargo, la minería no ha perdido su importancia y pese a ello, no se supo aprovechar la bonanza de años pasados, cuando el Estado, en vez de aprovechar enormes ingresos, se dedicó a derrochar el dinero, en vez de impulsar nuevos proyectos y en particular la exploración y generación de nuevos yacimientos.

El control estatal no ha desarrollado la industria minera y, entre otros, ha cerrado los caminos a las inversiones. Es más, ha cancelado importantes proyectos que podían haber dado beneficios permanentes a la economía. Al presente, el país vive de las minas privadas de San Vicente, Illapa y San Cristóbal, mientras la minería nativa, vale decir la mediana y la cooperativizada, es reducida y carece de importancia en nuestras ventas al exterior.

En cuando a la minería cooperativizada (que significa el 40 por ciento de las exportaciones) se ha convertido en algo negativo por ser un tipo de minería artesanal, de baja recuperación. En una palabra, primitiva.

Otros proyectos mineros no se los pudo concretar, tales como Mutún, Karachipampa, Uyuni y las refinerías de plomo y zinc en Oruro y Potosí. Corocoro fue abandonada por firmas coreanas, Huanuni está paralizada por falta de agua y el proyecto de Colquiri es de vieja data. Comibol está a la deriva y con pérdida de cien mil dólares el 2016.

En esa forma, si bien la minería estatal poco menos que agoniza, la empresa privada no ofrece ningún proyecto y el bajísimo nivel de las inversiones, tanto estatales como privadas, es digno de lamentación, lo cual permite asegurar que el país continuará con la tendencia declinante de años anteriores o, peor aún, sufrirá mayores dificultades. La nueva Ley de Minería y Metalurgia agravará, sin duda, el panorama por la serie de dificultades que se le ha introducido. Tal es el resultado de la carencia de una política minera adecuada en un país minero.