Algunos postulantes tienen más de Bs 3 millones en patrimonio

Al menos, siete de los aspirantes que pasaron la primera fase de selección para postular al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA) tienen un patrimonio personal de hasta dos y tres millones de bolivianos, según datos oficiales de la Contraloría General del Estado, donde hicieron sus declaraciones juradas de bienes.

Al respecto, parlamentarios anunciaron que investigarán el origen de esos recursos, dado que gran parte de los que aspiran a los cargos judiciales son o eran funcionarios públicos.

En la revisión de las declaraciones juradas de los 47 postulantes, 38 trabajaron en instituciones dependientes del Estado. Otros aún son funcionarios. Lo que llamó la atención es que siete de los aspirantes cuentan con un patrimonio entre dos a tres millones de bolivianos.

PATRIMONIO

Por ejemplo, la postulante al Tribunal Agroambiental, Patricia Guadalupe Flores Marín, que trabajó en el ingenio azucarero San Buenaventura, empresa estatal, cuenta con un patrimonio de Bs 3.893.578. En la fase de preselección sacó la nota de 72.8 sobre 100.

Otro de los postulantes al Consejo de la Magistratura, que cuenta con un patrimonio elevado, llega a Bs 2.400.684, es Francisco Mateo Tarquino Blanco. Era exrepresentante delegado departamental de esta instancia judicial en el período 2012-2015.

La candidata al Tribunal Agroambiental Elva Cuellar Terceros tiene la mayor puntuación en el proceso de evaluación, 88.2 puntos, y su patrimonio es de Bs 2.201.000, según su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, que fue presentada el 18 de noviembre de 2016. Esta postulante fue asesora jurídica del Ministerio de Gobierno.

En contraste, el candidato para el Consejo de la Magistratura, Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, tiene un patrimonio de Bs 8.400, según su declaración jurada. Fue funcionario de la misma instancia a la que se postuló.

El resto de los aspirantes, para ambas instancias, cuentan con un patrimonio entre los Bs 100.000 y Bs 900.000.

INVESTIGACIÓN

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Víctor Borda indicó que la Asamblea Legislativa debe realizar un seguimiento a los patrimonios y bienes que obtuvieron los postulantes, para determinar si fueron adquiridos de manera licita.

“En este caso, la Asamblea Legislativa debe realizar el seguimiento respectivo para que no se enriquezcan a costillas del sufrimiento de la población (…), suelen aparecer con un monto mínimo de patrimonio y salen super millonarios, por lo que son susceptibles de haber obtenido su nueva fortuna por corrupción en la administración de la justicia, como varios magistrados en la actualidad”, argumentó.

ELECCIÓN

Los 47 postulantes que aprobaron la etapa de evaluación para ambas instancias judiciales serán sometidos a una nueva selección por la Asamblea Legislativa, en una plenaria que se realizará el próximo 1 de septiembre.

Según el artículo 25 del Reglamento de Preselección, son 14 candidatos para el Tribunal Agroambiental y 10 para El Consejo de la Magistratura. En ambas instancias se deben garantizar la equidad de género y la representación de un indígena.

Por otra parte, el legislador oficialista indicó que se conformarán ternas para que la Asamblea Legislativa decida cuáles candidatos pasarán a la papeleta de sufragio. En cuanto asuman su cargo, las nuevas autoridades deberán realizar una nueva declaración jurada.

“Se va a incorporar ese elemento como uno de los requisitos, pues hay que realizar el seguimiento sobre los patrimonios, la investigación del enriquecimiento ilícito no solamente es atribución del Ministerio de Transparencia, también lo puede realizar la Asamblea Legislativa y otras instancias fiscales”, detalló Borda.