Mesa: entre urnas y misiles

Es muy difícil abstraerse de un tema tan recurrente, como el trillado caso de los misiles chinos, ocurrido hace doce años en nuestro país, y que pareciera estar sólo destinado a patentizar la imbecilidad que nos atribuyen a los bolivianos, ya que se trata de un tópico copiosamente estudiado, discutido, juzgado y, abundar en su tratamiento, solamente delata un afán distractivo, presto a ser utilizado como arma arrojadiza contra cualquier opositor que salga a la palestra. De ahí que con el ánimo de comprender mejor esta trama, trataremos de analizar su contexto desde dos ángulos: El militar y el político.

Los famosos misiles chinos HN-5, una burda copia de los norteamericanos SAM 7 (las siglas en inglés de Misil Superficie-Aire) son armas portátiles, que constan de un tubo de acero de aproximadamente dos metros de longitud y pueden ser disparadas pie a tierra, por una o dos personas. Tienen un alcance de tiro de siete kilómetros y en su última versión avanzada, denominada “Igla” se guían por rayos infrarrojos lo que supone que, en el intento de derribar un avión o helicóptero, el proyectil se dirige directamente al calor de los motores, a una velocidad de 2,3 y 2,5 match; por encima de la barrera del sonido. Este sistema de defensa aérea portátil, o Manpads por sus siglas en inglés, fueron los que se resolvió desactivar por las siguientes razones.

Tras el atentado a las torres gemelas de Nueva York, hace exactamente 16 años, la sofisticación de estas armas y la “sospecha” de su utilización por grupos terroristas obligó a tres potencias (EEUU, Rusia e Inglaterra) aunar esfuerzos de inteligencia para detectarlas y desmantelarlas, especialmente en países de alto riesgo de conflicto, como era el caso de Nicaragua, Colombia, Bolivia, etc.

Fue entonces que se utilizó el escenario de la OEA para emitir la resolución 2.145 celebrada el 7 de junio de 2005, y aprobada por unanimidad de sus miembros, lo que ya le daba rango de ley. Instando a destruir los misiles considerados excedentes por cada Estado Miembro.

Los operativos de desmantelamiento de los misiles se iniciaron en Nicaragua el año 2004 y estuvieron muy lejos de ser realizados pacíficamente. La reticencia a su destrucción aumentó la presión norteamericana hasta el extremo de colocar al presidente Enrique Bolaños al borde de perder la silla, al igual que varios oficiales de alto rango de las FFAA. Finalmente, el desmantelamiento se realizó al igual que acá, con la diferencia que en lugar de 30, fueron 2.000 cohetes los que el ejército sandinista había recibido como obsequio, de la antigua URSS.

EEUU pidió al presidente Carlos Mesa la entrega de los misiles, como fue revelado por su canciller Juan Ignacio Siles, empero el Presidente se había negado porque no había ninguna oferta de material bélico a cambio (según negativa que provenía de una consulta hecha al Alto Mando que, como los nicaragüenses, se había opuesto de manera tajante, posiblemente ignorando los alcances de la Resolución de la OEA, que nos obligaba a proceder en ese sentido). Entonces se explica la absurda imputación del TSJ basada en el llunkerío; la ignorancia; el afán de inferir un daño a Mesa por las encuestas que lo favorecen en la urnas y una falsa complicidad con los misiles.