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Caso Antonio Salemi

Fiscal rechaza denuncia de asesinato sin cumplir investigación


El fiscal de materia William Guarachi Tancara rechazó la denuncia de asesinato de Julio Antonio Salemi, ocurrido en mayo del pasado año, sin que concluyera la etapa de investigaciones, según dicta el procedimiento legalmente establecido. Familiares del fallecido, en su calidad de víctimas, desde hace cuatro meses piden la reapertura del proceso sin éxito alguno; las autoridades del Ministerio Público y judiciales no responden a su queja.

Sobrinos del fallecido, Mary France y Juan Carlos Antonio Ábrego, denunciaron la vulneración de su derecho al debido proceso y piden una investigación transparente para encontrar a los autores del crimen y los móviles del hecho. A pesar de ser un delito de orden público que debe ser investigado de oficio fue rechazado.

Pablo Antonio Salemi, adulto mayor, fue asesinado el 6 de mayo del 2017, luego de ser secuestrado, su cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco de la población de Chicani, la investigación a cargo de la Fiscalía en la zona Sur fue iniciada el seis de mayo, cuya etapa preliminar debió concluir el 6 de noviembre, pero sorpresivamente el caso fue cerrado un mes antes (6 de octubre).

“Pedimos al fiscal departamental (Edwin Blanco) autorice la reapertura del caso para que las investigaciones continúen y vea las irregularidades que existen en la propia instancia Anticorrupción de la Fiscalía”, demandó Juan Carlos Antonio, una de las víctimas.

Mediante nota de fecha 9 de febrero de 2018, remitida a la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta, del 5 de marzo de 2018, el 5 de marzo dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonofaz, y el 2 de marzo al defensor del Pueblo, David Alonzo Tezanos Pinto; los familiares de Antonio Salemi piden la reapertura del caso y una investigación transparente.

VÍctimas de cohecho

Según denuncian los hermanos Antonio Ábrego, en el intento de acallar las investigaciones acerca del asesinato de su tío, hecho que presuntamente involucra una importante sucesión hereditaria; ambos fueron involucrados en un supuesto cohecho.

La querella por este cohecho fue planteada por quienes tendrían a su cargo un poder legal, otorgado por Jeannethe Antonio Salemi, hermana del fallecido, para administrar los bienes de Julio Antonio Salemi.

En lo que hace a este caso, los hermanos Antonio Ábrego denuncian que también existen irregularidades debido a que el abogado patrocinante de los querellantes, los apoderados identificados como Edwin Quispe Ramírez y Rosemary Mamani, es el abogado Javier Mardoñes Calanis, hermano del fiscal a cargo del caso, Randal Mardoñes Calanis.

Al respecto, la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público “Excusa y Recusación”, el artículo 73 dispone: “Son causales de excusa y recusación de las o los fiscales: 1. El parentesco con la víctima, querellante o la persona imputada, sus Abogadas o Abogados, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como el parentesco espiritual”, disposición que a la fecha no cumplieron ninguno de los abogados Mardoñes Calanis.

 
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