Derroches oficiales para la burocracia

La época de bonanza que registró el país durante los doce años anteriores (2006-2018) se caracterizó por una política económica estatal en gran medida dirigida a hacer gastos en obras faraónicas, compras de aviones, viajes, derroche de fondos públicos, actos de corrupción de parte de funcionarios del Estado, desde ministros hasta simples funcionarios, etc. En una palabra, se trató de una política financiera de utilización arbitraria e irresponsable de los recursos de propiedad del pueblo bajo administración del Estado y la tienda política gobernante. Los gastos son desproporcionados, tomando en cuenta, por ejemplo, que el Estado captó en el periodo 2006-2017 una suma que se aproxima a los 40 mil millones de dólares, solo en lo que se refiere a la renta petrolera, o sea una suma fabulosa en la historia económica de Bolivia.

Hasta el año 2005 la economía monoproductora boliviana, sometida a las fluctuaciones de los precios de las materias primas de exportación, padecía por los bajos precios del petróleo, gas, estaño y artículos de menor importancia.

Esos precios mínimos no permitían que el Estado, sometido a una política de increíble austeridad, rayana en la pobreza, disponga de fondos que puedan servir para obras públicas y gastos elementales para su existencia. Por tanto, el Estado y la población se veían obligados a una franciscana política de ahorro y austeridad, proclive a tener que recurrir a préstamos y ayudas extranjeras.

Sin embargo, esa situación cambió radicalmente a partir de los primeros años del presente siglo y los precios de las materias primas de exportación de Bolivia ascendieron bruscamente, como en el caso del petróleo, que subió de 20 a 150 dólares el barril, el estaño de 2 a 15 dólares la libra y cosa parecida con otros minerales y productos agrícolas, aunque de poca importancia. No fue, pues, el esfuerzo del gobierno, sino los altos precios de gas, estaño y otros, los que determinaron esa bonanza, que se la puede calificar de artificial.

Esa alza de precios produjo, en forma exclusiva, la época de prosperidad que registró el país desde entonces, la misma que, con algunas fluctuaciones, no se modificó sustancialmente, excepto en últimos años, cuando se produjo un bajón considerable que, en consecuencia, produjo una crisis hasta en alrededor del setenta por ciento. Al presente, la situación tiende a mejorar y hacer subir el PIB.

En todo caso, en vez de que ese caudaloso ingreso de ganancias se utilice para sacar al país de la dependencia externa y la miseria interna, solo sirvió para aumentarla, debido el derroche oficial, tal es el caso de aumento de la cantidad de empleados públicos, que significó que el presupuesto de sueldos y salarios de los empleados del Estado, entre el 2005 y 2018, suba de 7.379 millones de bolivianos a 38.845 millones. Ese gasto creció aún más el 2018 en relación con el 2017 y así en los últimos trece años “el incremento equivale a más de cinco veces”, según la Fundación Jubileo. Esa suma se sigue expandiendo.