Las declaraciones de las llamadas plataformas ciudadanas y redes sociales, de concurrir el 6 de agosto a la ciudad de Potosí para hacer oír el “Bolivia dijo No” en presencia del presidente Evo Morales y de las autoridades, en las celebraciones del Día de la Independencia Nacional y las reacciones contrarias al oficialismo, han puesto de manifiesto no solo el autoritarismo del Gobierno, sino de sus “bases” o movimientos sociales. El primero, mediante altos jefes policiales en sentido de que actuarán con energía para mantener el orden público en la señalada fecha como parte de su función.
A su vez el Ministro de Gobierno, endulzando las anteriores advertencias, dijo que el Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión y ofreció amplias garantías a los grupos que se proponen trasladarse a los pies del Cerro Rico, oferta que apenas disimula la contradicción gubernamental. Sin embargo, a medida que se acerca el 6 de Agosto las plataformas reiteran su asistencia a los actos conmemorativos en defensa del 21F y del voto mayoritario que cerró en referendo la posibilidad de reelección indefinida.
La Policía Nacional afirma el mantenimiento del orden público, empero hay múltiples hechos que lo ponen en duda. Muy seguido la población contempla el quebrantamiento de ese orden mediante marchas y bloqueos protagonizados por grupos afines o dependientes del oficialismo, con el uso de petardos, dinamita y explosivos, alterando la normalidad de las actividades especialmente citadinas y en un límite de infundir terror. Interrumpir la circulación atravesando calles y plazas con los motorizados del servicio público por los sindicatos adictos al Gobierno es una manera atentatoria contra el orden público. Sucede ante una tolerancia cómplice del aparato policial, impidiendo a los ciudadanos la llegada a sus fuentes de trabajo y la asistencia escolar. Se supone que estos abusos se dirigen a crear dificultades contra el Alcalde paceño opositor, haciendo víctima de tal finalidad a estantes y habitantes de la urbe.
En contraste con la indicada tolerancia, el resultado de la dureza represiva contra las manifestaciones que el Gobierno considera contrarias, cuenta en su haber tragedias como la muerte de un universitario de la UPEA. Otra muestra de inactividad de la institución del orden fue el desfile de encapuchados en Santa Cruz, pertenecientes a un patibulario grupo llamado talibán, dispuesto a enfrentar a los parciales del 21F. Lo que se espera en relación con Potosí no es tranquilizador. Dirigentes de sectores gobiernistas campesinos como la CSUTCB y Conamaq han abundado en duras advertencias a quienes se manifiesten de modo anti reelección en la Villa Imperial, Estos sectores ejercerán de guardia vigilante y han prohibido desde ya la exhibición de pancartas y gritos de Bolivia dijo No. Incluyen la presencia de “tinkus” (luchadores cuerpo a cuerpo) y el uso de “chicotes” y fuetes de castigo. Esto no es otra cosa que un obvio autoritarismo antidemocrático.
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