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Juicio civil en Estados Unidos

Sánchez de Lozada pide resarcimiento de gastos

El pasado 5 de octubre, la defensa legal de los afectados presentó por escrito la apelación a la decisión del juez James I. Cohn


GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, EXPRESIDENTE DE BOLIVIA, ENFRENTÓ UN JUICIO CIVIL POR LA MASACRE DE OCTUBRE DE 2003.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín presentaron un recurso legal ante la justicia de Estados Unidos, para obtener el resarcimiento de los gastos que hicieron por el juicio civil que les instauraron las víctimas de Octubre Negro del 2003. De forma extraoficial se conoce que el monto es de $us 250 mil.

“Es muy preocupante porque ahora las víctimas son las demandadas, ya que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín han presentado una denuncia en Estados Unidos contra los nueve compañeros, por daños y perjuicios que habrían sufrido al generar gastos en abogados y otros gastos judiciales”, denunció Patricio Quispe, dirigente de los familiares de las víctimas de esos hechos luctuosos.

El dirigente explicó que la demanda fue presentada tres semanas después del 3 de mayo, donde el juez de la Corte de Distrito de Florida, James I. Cohn, libró de culpa a las exautoridades en el juicio civil que instauraron las víctimas, pero recién fueron notificados hace unos días.

Sin embargo, en abril de esta gestión, y por unanimidad, el jurado ciudadano de la Corte Federal de Fort Lauderdale de EEUU halló como responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín de las “muertes extrajudiciales” de octubre de 2003.

RECURSO LEGAL

Mauricio Balcázar, yerno del expresidente, explicó a EL DIARIO que la justicia estadounidense permite la presentación de este recurso legal cuando el juez de la Corte de Distrito de Florida emitió una sentencia a favor de los demandados, donde se pide la compensación a los abogados de los demandantes –no a las víctimas– por ciertos gastos que se realizaron durante el juicio.

“Es un procedimiento que está permitido en el juicio civil, en la ley norteamericana solo permite pedir la compensación de ciertos tipos de gastos muy limitados y eso está reglamentado. Este recurso legal se presenta al juez y este es quien decide, el resarcimiento está bajo reglamento también a que los abogados (de las víctimas) han acordado desde un principio ellos son los que deben hacer efectivo el pago y no las víctimas”, resaltó Balcázar al Decano de la Prensa Nacional en contacto desde Estados Unidos.

Las víctimas fueron patrocinadas por la organización no gubernamental Centro de Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés), el consorcio de abogados Akin Gump, en ese contexto Balcázar manifestó que estas firmas cuentan con movimientos económicos que ascienden a varios millones de dólares, por lo que pagar el resarcimiento no sería un problema.

Ante esto, Thomas Becker consultado sobre el monto que pide la defensa de Goni, manifestó que desconoce la cifra actualmente y que están tranquilos porque la justicia estadounidense no contempla este tipo de pedidos. Aunque de forma extraoficial se conoció que el monto que pidió la exautoridad para la compensación de los daños asciende a los $us 250 mil.

“No estamos muy preocupados porque la justicia en EEUU es muy clara, nadie tiene que pagar. Pero cuando recibí la información fue un momento triste porque no entiendo cómo alguien puede pedir dinero a personas que han sufrido tanto”, manifestó.

A la vez indicó que este recurso aún no puede ser analizado por los jueces de ese país porque está pendiente la resolución de la apelación que solicitaron en mayo pasado.

APELACIÓN

Por último, Becker informó que el pasado 5 de octubre, presentaron los argumentos legales ante la Corte del Circuito 11, tras conocer la apelación a la decisión del juez de la Corte del Distrito de Florida. Se tiene previsto que en un tiempo prudente la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín respondan a este recurso.

Posteriormente habrá una réplica por parte de los demandantes y después serán citados por los miembros de la Corte, donde se emitirá una decisión final. Se tiene previsto que este acto sea en mayo del próximo año.

 
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