Legislativo aprobó amnistía

Después de cinco horas de intenso debate, los dos tercios de la Asamblea Legislativa aprobó ayer el Decreto Presidencial 3682 de Amnistía para los expresidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) por los casos Petrocontratos y Quiborax, respectivamente. Se descartó que el beneficio se amplíe a otros opositores.

El debate del decreto fue puesto a consideración en la sesión del plenario para la elección del nuevo Fiscal General del Estado. Durante el debate, los opositores rechazaron este decreto y solicitaron que se pueda ampliar para aquellos que son perseguidos políticos de oposición, hecho que fue rechazado por los legisladores del oficialismo.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, planteó la modificación del decreto, el cambio incluido y aprobado por el legislativo hace referencia a que este beneficio es solo para los expresidentes por razones de interés nacional. Es decir, se fundamentó para que puedan afrontar “las nuevas actividades” de “defensa y negociación de nuestro derecho marítimo” en escenario post La Haya.

“Resuelve aprobar el decreto presidencial 3682 de concesión de amnistía por razones de alto interés nacional a los expresidentes del estado boliviano, Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Mesa”, señala el único artículo del decreto de amnistía.

La anterior resolución tenía dos artículos, el segundo fue anulado ya que manifestaba que tras ser tratado en el Legislativo sea remitido al Ejecutivo para su posterior promulgación. Empero esta norma fue presentado por el presidente Evo Morales.

El presidente Morales debe rubricar la norma y Mesa y Quiroga deben enviar sus pedidos de amnistía ante la autoridad competente que responderá en tres días.

AMPLIACIÓN

Los opositores mencionaron los diversos casos que surgieron durante los 12 años del gobierno del MAS, como el de Leopoldo Fernández que es procesado el caso Porvenir. Zvonko Makovic y Gary Prado por el caso Hotel Las Américas; Branko Marinkovic por los movimientos autonomistas, el caso de Samuel Doria Medina que es procesado por el caso Focas, referido al proceso de capitalización.

“Las mismas estadísticas de Naciones Unidas hablan que cerca de 900 bolivianos viven oficialmente en refugio en otros países. Tenemos muchas familias que se han visto desintegradas”, reclamó el senador de la opositora Unidad Demócratas (UD) Óscar Ortiz al comienzo del debate.

A la propuesta se sumaron varios legisladores de esa tienda política que recordaron que el pedido no era nuevo.