Proyecto de ley integral contempla veinte años de privación de libertad

El proyecto de Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, establece que la sanción para el tratante o traficante de menores de 18 años, personas con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, o mujer embarazada, es la privación de libertad de 15 a 20 años, informó a EL DIARIO, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, Lucio Marca.

“La trata de personas tiene una sanción de privación de libertad de 10 a 15 años, se agrava con un tercio cuando se refiere a víctimas niñas o adolescentes, así las personas que incurren en este delito, pasan más de 20 años de prisión”, informó el asambleísta, asimismo, aseveró que el proyecto de Ley fue aprobado en grande y en detalle en la Cámara Baja, por lo que se estima que desde mañana podría remitirse a la Cámara de Senadores para continuar su tratamiento y ser aprobada para su promulgación.

De los 47 artículos que estipula el proyecto, mencionó la sanción a los proxenetas tomando en cuenta que si la actividad ilícita fue llevada a cabo con menores, se agrava a 20 años, y lo propio con el delito de la pornografía.

Argumentó también que la revelación de la identificación de víctimas por funcionarios encargados de llevar los casos como servidores públicos, tiene una sanción de tres a ocho años.

Otros de los puntos importantes que mencionó el diputado es que a través de esta norma se creará un Consejo Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, conformado principalmente por el Órgano Ejecutivo, que del mismo bajaran a consejos departamentales y municipios, los cuales tendrán roles para formular, aprobar y la policía de la lucha contra el delito.

“El Consejo cada año rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa sobre los avances en las políticas de prevención, protección, atención y reinserción social de las victimas de trata”, dijo.

Señaló que el proyecto de ley fue socializado con diferentes sectores sociales, además del Ministerio Publico, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, el Órgano ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, profesionales expertos, y asambleístas.

“El objeto de la ley es combatir y luchar contra delitos estos delitos para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención protección atención persecución y sanción penal de estos delitos”, enfatizó.

Marca agregó que la Ley no solamente sanciona sino que también trabaja en la reinserción social integral de las victimas

Resaltó que este es un problema mundial, siendo el tercer negocio más lucrativo a nivel internacional después del tráfico de armas y de drogas. “Esto no es una preocupación sólo en el país sino de la comunidad internacional”, puntualizó.