Caso corrupción de YPFB

Santos Ramírez considera que le tendieron una trampa


El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, considera que “le tendieron una trampa” en el supuesto caso de corrupción y recepción de comisiones, que involucraron a sus familiares políticos a raíz del asalto y asesinato del empresario tarijeño Jorge O’connor Darlach, ejecutivo de la petrolera Catler Uniservice.

Ramírez que fue estrecho colaborador del presidente Evo Morales, en entrevista cedida al programa televisivo “No Mentiras de PAT”, dijo que, ante acusaciones y documentos que fueron mostrados por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana en presencia del Jefe de Estado, ahora está en condiciones de demostrar que esas acciones fueron parte de una gran mentira.

Asimismo, Santos Ramírez que está recluido en la cárcel de San Pedro por tres años y medio, cuestionó porqué en el caso que lo involucraron se dispuso una investigación de cara al pueblo y porqué ahora se instruye reserva en la investigación sobre denuncias de corrupción en YPFB dirigido por Carlos Villegas.

PIDE “TRANSPAREN-

CIA” AL PRESIDENTE

Santos Ramírez sostuvo que “la verdadera corrupción está ahora, en la presente gestión de Carlos Villegas”. “Yo quiero que me den la oportunidad de presentar mis pruebas. Ya llegará el tiempo de aclarar. Todo lo que ha puesto (Juan Ramón Quintana) sobre la mesa es una gran mentira”, expresó.

“Álvaro: ustedes han sentenciado mi muerte civil y política. Cuando en un caso se lucha y en otro caso hay reserva, esto me preocupa. ¿Por qué las reservas? ¿Qué se quiere ocultar?”

“Hermano presidente, vamos a ser transparentes. Dónde está la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo? La lucha contra la corrupción no puede tener reservas”, sostuvo.

Asimismo, dijo que quiere probar que no causó daño económico a YPFB, al tiempo que pide aclarar quién mandó matar al ingeniero Jorge O’Connor y plantea la sustitución de Carlos Villegas.

REESTRUCTURACIÓN

Santos Ramírez recordó que estaba diez meses en YPFB y se le ordena reestructurar, nacionalizar acuerdos y acciones de las empresas privadas. No se había hecho nada antes, a pesar de que ya había la orden previamente.

“Nardy Suxo y otros dijeron tres cosas: que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Todo esto resultó ser falso. Las denuncias hicieron pensar que yo había cometido un delito. Me llaman a reunión en Palacio con el presidente y Juan Ramón Quintana me echa unos papeles, me bota un contrato y me acusa de que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Yo no tenía la documentación para contrarrestar en ese momento. Luego resulta que nada de eso se comprueba. Hay una auditoría realizada por Gerson Rojas y Agustín Ugarte, Jefe de ingenieros y jefe técnico, que corroboran los pagos de 13 millones se habían entregado correctamente a la empresa.

Yo quisiera explicarle al Presidente, con absoluto respeto que vea que ahora tengo toda la documentación correspondiente. El 90% se ha logrado recabar luego del juicio. Cuando se está privado de libertad es casi imposible ver al Presidente. El 30 ó 40% de los documentos están judicializados, y hay otros que han sido rechazados por los fiscales”.

Refiriéndose a Juan Ramón Quintana dijo: “Si Santos Ramírez firmó el contrato con el señor Miguel O’Connor, ¿cómo es que a mí se me condena y los otros firmantes salen absueltos? Si el contrato está mal, ¿por qué no se condena a todos los que firman? Se indica que hay un avance del 65%, dentro de lo legal. Yo conversé con el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, que me dice que hay mucha presión de Nardy Suxo y otro funcionario de Gobierno: “Va a ser difícil que te podamos absolver porque estoy bajo mucha presión”. “Parece que tenía otros procesos”, acotó.

 
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