En operativo se trasladaron a Oruro 67 vehículos incautados en Challapata

• En la zona se detuvo a una treintena de personas, 20 aprehendidos y 12 preventivos. Los vehículos fueron trasladados a Oruro con un fuerte resguardo militar y policial.


El operativo fue comandado por el Ministerio de Gobierno. El viceministro Jorge Pérez asegura que se tiene controlada la región. Al menos cuatro sospechosos por los incidentes de la anterior semana quedaron detenidos.
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El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en contacto con EL DIARIO, informó sobre el operativo realizado ayer en la localidad de Challapata, en el que se trasladaron 67 vehículos que habían sido internados por los contrabandistas.

“Con el apoyo del Ministerio de Gobierno, de los fiscales de La Paz y Oruro, (seis fiscales) trasladamos los vehículos a Oruro. Son 550 efectivos policiales que nos colaboraron en el operativo y el Ejército nos apoya para el traslado”, citó a esta casa periodística.

Asimismo, aseguró que luego de los enfrentamientos registrados hace unas semanas atrás, entre contrabandistas y militares, existe una relativa “tensa calma” en el lugar.

“Se ha restituido el control y se ha vuelto a establecer la figura de autoridad del Gobierno, aunque existe un poco de temor”, citó.

Pérez dijo que los pobladores han afirmado que no son ellos los contrabandistas. Se trata de grupos, clanes delincuenciales que se han apoderado del pueblo, que se dedican a estas actividades ilícitas, que agreden a las personas, que golpean y amedrentan a los habitantes de Challapata.

De igual manera, la autoridad señaló que la Policía Nacional, en su función de arrestar a los delincuentes y con el apoyo del Ministerio Público, aprehendieron a éstos y el Juzgado, que los detiene preventivamente, cumple la labor de “una intensa investigación con el fin de perseguir a estos clanes”.

“Hasta el momento hubo 12 arrestados, los cuales, luego de habérseles tomado la declaración y los datos, fueron liberados. Tenemos 20 aprehendidos y 12 en calidad de detenidos preventivamente”, indicó. De este grupo, al menos cuatro personas estarían implicadas en el tiroteo ocurrido la anterior semana cuando se dio el operativo de incautación de motorizados con apoyo militar.

Asimismo, el Viceministro aclaró que el control en las fronteras es permanente, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, que realizan patrullajes permanentes, para que los contrabandistas no tengan la posibilidad de ingresar los vehículos de manera ilegal mediante rutas alternas. El operativo de ayer empezó a las 6 de la mañana para concluir después del mediodía.

En tanto, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, explicó al canal estatal, que luego del operativo dirigido por el Ministerio de Gobierno, los vehículos incautados por el Ejército y la Aduana Nacional, ingresaron a territorio nacional después de la promulgación de la Ley 133, que viabiliza la nacionalización de los autos llamados “chutos”.

“En el tema de la Aduana Nacional, son 23 vehículos que tienen que ver con el proceso de nacionalización, la Ley 133. Estos vehículos que estaban en Challapata y está verificado, son vehículos que ingresaron posterior a la Ley. Es la información confirmada de Chile. Es una señal de que nuevamente se está trabajando interinstitucionalmente y se está procediendo a sacar estos vehículos de Challapata para que podamos limpiar el lugar”, dijo.

Ardaya aclaró que no hubo resistencia por parte de quienes se dedican a esta labor ilegal y que no se reportaron incidentes de violencia.

“La Aduana ha dado el apoyo logístico como corresponde; camiones y grúas contratadas desde Oruro colaboraron en esta tarea. Ya se han establecido los recintos, una parte operativa de la Aduana. Luego se continuarán sacando los vehículos de forma paulatina, pero queremos mostrar es, que lo que dice el Estado lo cumple”, sostuvo.

Los vehículos decomisados, serán sacados del país por la vía legal. Es decir, la Aduana Nacional interviene por ley, directamente. Primero está el Control Operativo Aduanero (COA), ingresa a la región, se confiscan los motorizados, se realizan las actas de intervención para luego trasladar a los vehículos decomisados, y luego a través del Decreto 220, otorgar estos vehículos a las entidades públicas.

 
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