Medios independientes se encuentran bajo la lupa observadora del Ejecutivo



La viceministra de Comunicación entrevistada en los medios estatales.

La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, afirmó a que el Gobierno realiza un intenso seguimiento a todos los medios de comunicación, para identificar ideas racistas y “tergiversadas”. Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque reconoce la vigencia de la Ley de Imprenta, no descarta estudiar la posibilidad de procesar a los medios de comunicación bajo la figura de “calumnia agravada” que sustituiría al desacato.

“Algunos medios de comunicación a título de interpretación incurren en una mentira y en un engaño al pueblo boliviano o por decir a la opinión pública, como les gusta hablar a los medios de comunicación”, citó Espinoza a los medios estatales.

Según la autoridad, el Ministerio de Comunicación realiza un intenso seguimiento a los medios de prensa escrita, radiales y televisivos, a raíz de denuncias que llegan a esta entidad estatal, que advierten una presunta falta de ética en el manejo de información, mala interpretación de las declaraciones, “que van con una segunda mala intención para afectar la imagen del Gobierno”.

“Lo que hacen estos medios de comunicación es política, no periodismo. Obligan a las autoridades a constantemente salir a desmentir, pedir rectificación y derecho a réplica”, puntualizó.

En tanto, el senador por Eugenio Rojas (MAS), admitió la vigencia de la actual Ley de Imprenta y señaló que todo proceso debe adecuarse a esta norma. Sin embargo, no descartó la posibilidad de procesar a la prensa mediante la figura que sustituya al desacato dentro del Código de Penal.

“Si se ha propuesto la calumnia agravada, hay que estudiar esa posibilidad porque aunque la calumnia es una figura que sanciona un delito de orden privado, los medios de comunicación son públicos”, afirmó.

Por otro lado, el diputado Irineo Condori (MAS) ratificó la postura gubernamental, que advierte que supuestos intereses políticos partidarios estarían detrás del contenido de las notas periodísticas con la finalidad de desprestigiar al Ejecutivo.

“Es difícil mantener el equilibrio, pero tampoco se puede desmentir el interés político y económico que tienen algunos medios. Utilizan calificativos muy fuertes, relacionando a nuestro país con el narcotráfico, por ejemplo”, señaló.

Asimismo, el legislador sostuvo que la prensa debe tener límites y que se analizará el modo consolidar procesos y sanciones a través de la “calumnia agravada”, figura que podría sustituir al desacato.

“Tendría que verse la magnitud, hay que especificar con mayor claridad hasta donde vaya a llegar. Quizá los medios piensen que utilizaremos recursos legales en contra de ellos pero no es así. Hay que buscar la forma de controlar, de precautelar la integridad del país, de los temas y de las autoridades”, aclaró.

 
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