Acusados de extorsión trabajaron con cuatro ministros en un ambiente de omnipotencia

La banda presuntamente liderada por Fernando Rivera y José Antezana tuvo carta blanca por más de cinco años en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó sobre la aprehensión de tres funcionarios de su cartera de Estado por supuestamente haber extorsionado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher.

Imponían sus decisiones, hacían callar a jueces y abogados e intimidaban a los acusados. Fernando Rivera y José Antezana parecían actuar con carta blanca y nadie se explica por qué se tomaron tantas atribuciones.

“El juez Orellana que me metió en la cárcel cometió un crimen al someterme a tal situación. Dijo que soy un hombre culpable hasta que pruebe mi inocencia, rompió todas las leyes. Qué tipo de juez es éste que obedece a otros que le dicen qué debía hacer. Esto es inconcebible”, se quejó el estadounidense Jacob Ostreicher desde la clínica donde recibe atención médica y sale del estado de depresión en el que estaba sumido.

El viceministro Jorge Pérez, invitado al programa de la Red Uno no pudo explicar por qué tenían carta blanca los abogados que intimidaron a jueces, fiscales y abogados, tan sólo se limitó a señalar que el proceso debe continuar, pero no supo explicar las razones de la retardación de justicia y que confina a Ostreicher por 18 meses en la cárcel de Palmasola.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer que los dos abogados principales acusados de extorsión y corrupción Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron en las gestiones de tres de sus antecesores y en el actual directorio a su mando.

De acuerdo con la autoridad los supuestos principales cabecillas de la red de corrupción y extorsión cumplieron funciones cuando Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, eran ministros de Gobierno al igual que su gestión.

Romero, al referirse a Rivera, recordó que en algunas ocasiones se reunió con él, porque era asesor jurídico de la instancia gubernamental, pero no así con Rodas, a quien dijo no conocer hasta el momento.

Con relación a una posible convocatoria de Sacha Llorenti, quién en el momento desempeña funciones como embajador del país en las Naciones Unidas, Romero descartó esta posibilidad, a pesar de que la autoridad en mención trabajó con los principales acusados cuando cumplía las funciones de Ministro de Gobierno, aunque algunos dirigentes del MAS opinan que es conveniente que rinda cuentas.

La autoridad explicó que al jurista Rivera, lo conoce, porque pertenecía a una unidad jurídica del staf que trabajaba directamente con su persona, especialmente en los trámites de procesos jurídicos concernientes a esta instancia.

En el caso de la supuesta visita de Fernando Rivera al norteamericano Jabob Ostreicher, aclaró que no era él quién fue a la clínica Incor, donde se encontraba la principal víctima de la extorsión.

Romero dijo que alguna persona fue a visitar a Ostreicher, para tocarle el tema de un indulto presidencial y otros temas, y al enterarse sobre el mismo los abogados del norteamericano, señalaron que esto no podía ser, porque jurídicamente no es posible, debido a que su cliente es un detenido preventivo y no tiene sentencia.

El ministro Romero señaló que la persona que entró a hablar con el estadounidense era José Antezana, quien era funcionario del Ministerio de la Presidencia, que inclusive en la filmación de la clínica, en un tercer intento, recién logró conversar con el interno Ostreicher.

Romero recalcó que ese alguien que fue a visitar al ciudadano estadounidense en la Clínica era el funcionario del Ministerio de la Presidencia (José Antezana). No supo explicar con claridad el vínculo de Antezana (quién era director General de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia) con los dos abogados o el resto de los involucrados en esta red de “corrupción y extorsión”.

Por otra parte, la autoridad dijo que no presentará su renuncia al cargo, después de que se descubrió que dos de sus estrechos colaboradores estaban involucrados en una red de corrupción.

“El tema es que el que hace la denuncia, el que hace las investigaciones, es el Ministerio de Gobierno, por instrucciones de Carlos Romero, quien tendría que denunciar si hubiera habido indicios y no hubiera hecho nada, porque ahí hubiera sido negligente, alguien que no cumple sus deberes, pero en este caso no”, enfatizó.

 
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