[Jaime Martínez]

Corrupción y absurdo


II

Los corruptos tienen un agudo olfato para aprovecharse de las circunstancias, que les permita cometer sus fechorías y, cuando no encuentran las puertas abiertas, las van abriendo mañosamente. Por desgracia, la situación de la justicia en Bolivia, desde hace años está permitiendo que la corruptela se vaya generalizando cada vez más; a esto se ha añadido el interés político de utilizar este instrumento jurídico, previsto para impartir justicia y velar por de los derechos de las personas, como medio político para amedrentar y acallar a quienes, de una u otra manera se oponen a las actitudes de los gobernantes.

Esa es, indudablemente, una de las causas de la corrupción en estos días, pues se ha buscado a propósito alargar los juicios con el objetivo de perjudicar y detener a algunos opositores so pretexto de “justicia”. Esa intromisión de políticos en las acciones judiciales ha debilitado la justicia, subordinándola a fines que no son los que realmente tiene. Ahora, quienes han producido esa situación se rasgan las vestiduras protestando por ese estado de cosas, y “descubren” que algunos juicios duran más de lo racionalmente esperado, y quieren investigar las causas de esa dilación.

Otro instrumento que se ha utilizado es la Fiscalía, especialmente las de Distrito o de materia, cambiándoles el rol de defensoras de la sociedad a acusadoras del poder político, que, en nombre del Supremo, como llama Augusto Roa Bastos al dictador en su novela “Yo, el supremo,” han intimidado y maniobrado tanto a jueces como a fiscales para torcer la justicia y chantajear a las víctimas.

Ahora llama la atención que un juez que ve la causa de los acusados haya cambiado de parecer, cuando algún ministro opinó que esos encausados no fueran encarcelados sino detenidos en dependencias judiciales. ¿Sigue habiendo temor a la autoridad política? ¿Cuándo la justicia se ha de independizar de cualquier dependencia y ha de jugar su rol, honesta, independiente y, sobre todo, jurídicamente? ¿Cuándo los intereses se han de subordinar a la ley y sólo a ella?

Además, ¿se hubiera sabido quiénes son los operadores de la red de extorsión recientemente descubierta, si no investigaba un miembro el FBI, como se ha afirmado hace días, aunque ahora, por motivos de acercamiento diplomático, la embajada de EEUU lo niega?

Por otra parte se sigue desoyendo acusaciones aparentemente serias y fundamentadas en pruebas jurídicas, cuando los acusados son personas de cierta influencia política, pidiendo al denunciante mostrar las pruebas, antes del juicio, con serio perjuicio al prestigio político de un Gobierno, que propala a los cuatro vientos su decidida campaña anticorrupción. Esto ha sucedido recientemente cuando un detenido en la cárcel ha pedido garantías para desenmascarar a alguna autoridad del Ejecutivo, presuntamente involucrada en la red de extorsionadores. Puede ser que esas pruebas sean reales, y, en ese caso, ¿no sería bueno ofrecer las seguridades de que el acto jurídico en cuestión se ha de ceñir a la justicia y sus procedimientos sin injerencia extrajudicial alguna?

Pero, sobre todo, el caldo de cultivo de la corrupción es la excesiva concentración del poder en manos de unos cuantos, como lo ha mostrado la historia a lo largo del tiempo. Corruptos han sido los gobiernos de las dictaduras, sean militares o civiles, Corruptos los gobiernos de la Rumania comunista, y otros países socialistas, donde los gobernantes, con todo cinismo coleccionaban automóviles de lujo, ante las necesidades de otro tipo de su población. Últimamente, la China ha cambiado a la cúpula dirigente porque varios miembros del partido comunista, sus parientes o amigos, se han enriquecido con las ventajas de la influencia política que el poder concede a sus mandamases.

En nuestro caso, ¿para luchar efectivamente contra la corrupción, los gobernantes evitarán inmiscuirse en la justicia, y, sobre todo, renunciarán a concentrar el poder en manos del Ejecutivo? El tiempo lo dirá.

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