Dudas de un esclarecimiento

En un arranque de audacia la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado dio plazo hasta fin de mes para que la Comisión de Fiscales encargada de investigar la red de extorsión dé a conocer sus conclusiones, subrayando que los detenidos del caso escasamente constituyen los “mandos medios”, por lo que la investigación debería alcanzar otros niveles.

Si lo anterior no se cumplía adecuadamente, como alternativa adelantó que la Cámara de Diputados organizaría su propia Comisión. Sin embargo estas declaraciones tuvieron poco eco en el interior de la Asamblea Legislativa y fueron parlamentarios del MAS quienes replicaron que la investigación es tarea del Ministerio Público y no de la Asamblea.

Al parecer ese vacío redujo notoriamente la intensidad demostrada en un primer momento por la autoridad legislativa y frente a los posteriores requerimientos de los medios, respondió casi con evasivas, alternadas por protestas de lealtad al “proceso de cambio”.

Por su parte, el Ministro de Gobierno restó importancia a los juicios escépticos de la oposición sobre el esclarecimiento de la verdad y manifestó su confianza en la Comisión de Fiscales. Cuando se le objetó que existían demasiados vínculos entre los fiscales y jueces con los exasesores legales de los ministerios implicados, aseguró que el nuevo Fiscal de Distrito era la mejor garantía del eficaz funcionamiento de la Comisión.

Empero lo cierto es que los demás componentes no dejan de pertenecer a los equipos que han dado demasiadas muestras de mala gestión, sobre la cual han llovido denuncias desde la puesta en evidencia de la red de corrupción.

A los pocos días de haber abortado el escándalo, la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mediante documento registrado por la prensa, advirtió al Ministerio Público iniciar “de oficio” procesos contra todas las personas denunciantes de haber sido víctimas de extorsión, en cumplimiento del Código Penal en cuanto sanciona a quienes entreguen dinero o bienes a fin de beneficiarse con la ayuda de autoridades. ¿Era una clara invitación o freno a interponer denuncias al respecto?

Pese a ello, más pronto que tarde se escuchó voces recriminatorias contra la titular de ese despacho, enterada de lo sucedido junto al resto de mortales. ¿Dónde queda entonces la eficacia de la lucha contra la corrupción? Gustavo Torrico, exviceministro de Gobierno, comentó sobre una pronta liberación de los detenidos en función de la mala tipificación del delito de extorsión que se les imputa, por tratarse de delito de carácter privado con penas leves, cuando lo cometido se ajusta principalmente a tráfico de influencias con fines de enriquecimiento ilícito, lo que no quita un concurso de figuras delictivas. No en vano el proceso se inició con evidentes favoritismos para Rivera, Rodas y Antezana.

Si bien es inimaginable que la investigación trascienda los “mandos medios”, la opinión pública espera que comparezcan a declarar los exministros, como responsables del nombramiento de los implicados, quienes ejercieron alrededor de seis años amparados en el prurito perseguidor contra todo el que se mostrara opositor al régimen, situación que otorgó carta blanca para el abuso omnipotente de los funcionarios ahora en prisión.