Las últimas horas de un jurado

Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.

Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan sobre el ex poderoso fiscal y su fuga a Brasil, como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.

Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados, pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno. El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria de aquel ministerio atribuida a una hija de Anastasia Callisaya Katari.

Después de consultas entre los miembros del tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como había requerido la defensa. La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesional había sido labrada desde los niveles más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó una inusual alteración de turnos a fin de exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo”, Guido Colque, le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también debía ser fundamentada.

Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud y que había tomado una decisión. “Me cansé”, dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”. La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana, pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.

El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.

No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la demora sería mayor.

El colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.

No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del fiscal Sergio Céspedes durante toda la jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.

En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación de que está en Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.

“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”. Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.

“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara en 1967.

“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.

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Nota. El autor ha escrito “Allá donde me sepulten, nadie se arrodillará”- Recuento de una historia. La obra ofrece detalles del caso entre 2009 y comienzos de 2011. Fue auspiciada por la Asociación de Periodistas de La Paz.