Detenida es funcionaria departamental

Presentan querella en contra de presuntos estafadores


Ante la estafa de más de 80 mil dólares realizada, por parte de tres sujetos que con órdenes de compra falsificadas adquirieron varios equipos electrónicos, la Gobernación y la Asamblea Departamental de La Paz, anunciaron ayer una querella por falsedad ideológica y uso de documentos falsificados, en contra de la detenida, quien resultó ser funcionaria del Sedeges y presunto miembro de una banda de estafadores, ya que en los allanamientos realizados se pudo encontrar cientos de credenciales falsificados de diferentes instituciones.

“A través del departamento legal de la Asamblea estamos presentando una querella por falsedad ideológica y uso de documentación falsificada, en contra de la detenida, por la estafa registrada el pasado jueves, que puede extenderse a todos los autores de este crimen”, señaló el asambleísta departamental, Ángel Villacorta, de quien se falsificó la firma para las órdenes de compra.

Villacorta indicó que en los allanamientos realizados en las zonas de Vino Tinto y Chasquipampa de la sede de Gobierno, donde estaban ocultos parte de los artefactos, se encontró centenares de credenciales, sellos, chalecos y documentos falsificados de diferentes instituciones públicas y privadas como el Arzobispado, la Comibol, la Escuela de Artes y otros, con los que presuntamente se habrían realizado otros robos.

La Gobernación dio a conocer que la implicada fue identificada como Clarita Pajarito, sería funcionaria del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) bajo el cargo de auxiliar de enfermería, por lo que esta instancia también presentó una querella por el daño causado a la imagen de la institución.

ESTAFA

El jueves, en la Feria 16 de Julio, tres personas, dos mujeres y un varón, afirmaron ser funcionarios de la Gobernación de La Paz, para realizar la compra de televisores, laptops, data show, filmadoras y cámaras fotográficas, que supuestamente serían para las unidades educativas José Ballivián y Andrés de Santa Cruz.

Lo mismos llevaron órdenes de compra en papeles membretados de la Gobernación Departamental, enviadas supuestamente por el Ministerio de Educación y con la firma falsificada por el asambleísta departamental Ángel Villacorta.

Los tres presuntos delincuentes, quienes por las pruebas encontradas en los allanamientos pertenecerían a una banda de estafadores, entregaron a los afectados, como forma de pago, cheques pertenecientes al Banco Central de Bolivia que no pudieron ser cobrados y pidieron facturas que no contaban con NIT.

 
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