Empeora la situación agropecuaria nacional

Numerosos factores se han juntado en años recientes para empeorar la situación agropecuaria del país, ya en dificultades desde años atrás. A la orientación neofeudal de la nueva Constitución Política del Estado, la legislación agraria antidemocrática, el abandono de la tierra, la sustitución de campos agrícolas para cultivo de hoja de coca, la inseguridad jurídica, etc. se suman las políticas inadecuadas de las entidades del Gobierno, mínimo interés por resolver la cuestión de la tierra y el deliberado deseo de mantener en vigencia disposiciones anti económicas en lo que se refiere a la necesidad de reactivar la economía rural.

Esos aspectos se reflejan en datos estadísticos oficiales y extraoficiales que revelan un estado de decadencia en el sector agropecuario del país, indicadores que revelan el derrumbe de la producción de alimentos cárnicos y vegetales, aparte de crecimiento de la migración del campo a las ciudades, dependencia de la alimentación de la población rural de fuentes externas y, en especial, la necesidad perentoria del Gobierno de aumentar paulatinamente las importaciones de artículos de primera necesidad y otros.

En general, la producción de alimentos en el país ha ido decreciendo en cuanto a arroz, trigo, papa, avena, cebada, en zonas altiplánicas, de frutas, verduras, café, cacao, arroz, maíz etc. en regiones orientales y de los yungas, así como de carne en los departamentos de la región interandina, caída no sólo en niveles de producción sino también de productividad que se ha reflejado en el alza de los precios de ese alimento esencial para la sobrevivencia de la población.

Entre los factores principales para ese estado de cosas se encuentran las leyes vigentes, pésimas políticas agrarias, empirismo de los funcionarios estatales, afán de exhibicionismo burocrático, en fin, un mínimo de seriedad en la atención de la más importante actividad que debe practicar el Estado para asegurar a la población un mínimo de seguridad alimenticia, sin tener necesidad de acudir a las enormes importaciones de alimentos que tanto por vía legal como por el contrabando giran en alrededor de los mil millones de dólares.

No se puede dejar de observar que existe algún interés por enfrentar el problema, pero las medidas adoptadas son tanto líricas como discursivas y son como echar agua en la arena. En tiempos recientes se ha escuchado que se ha dictado leyes, decretos, resoluciones y, a la par, ofrecido ayudas financieras, técnicas, económicas y hasta políticas. Sin embargo, los resultados han sido nulos y a lo más el éxito ha correspondido al despliegue de publicidad y exhibicionismo narcisista de algunos funcionarios. Así mismo, se ha oído que la solución está en regalar a los campesinos algunas gallinas, etc., medidas que constituyen una burla, en la misma forma que en otros tiempos se ofrecía cambiar vacas por erradicación de plantaciones de coca.

La cuestión agraria no es un paso de danza, como proponer que la solución se encuentra en la agricultura familiar, la eternización del minifundio que ha derivado en el surcofundio y el cultivo en maceta, etc., fórmulas que han conducido al hambre y al fracaso a “revoluciones socialistas” como las de Venezuela, Cuba, Argentina y otras, y que en Bolivia se quiere imitar con muy poca suerte.