Proteger o destruir a la empresa privada

La decisión, entre el Gobierno y dirigentes de la COB, de incrementar sueldos y salarios en el sector privado en la proporción del 6% y aumentar un 9% al salario mínimo nacional, ha dado lugar a que todas las organizaciones empresariales muestren su disconformidad y califiquen la medida como arbitraria y contraria a principios elementales fijados en su momento y con ratificación del Gobierno, por Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la forma de fijar salarios mínimos.

Hubo muchas propuestas para dialogar con las autoridades y llegar a soluciones que sean prácticas, realistas y acordes con la urgencia de contribuir al desarrollo nacional, con los reconocimientos debidos a los derechos de los trabajadores; pero, señalan los empresarios, hasta ahora todo fue inútil y no pudo llevarse a cabo ninguna reunión de diálogo. La decisión sobre aumentos tomada marginando a la actividad privada, es considerada como un “duro golpe” que colocará en grave situación a muchas empresas que se verán imposibilitadas de cumplir con la disposición.

Por elemental principio de respeto, convivencia y consideración, el Gobierno debió tomar en cuenta a la actividad privada, no haberlo hecho implica, prácticamente, desconocimiento de derechos de un sector del que depende mucho la economía nacional y que, en todo caso y situación, debería recibir pleno apoyo y colaboración gubernamental. El caso implica, por otra parte, desaliento para los posibles inversionistas extranjeros que podrían llegar al país; muestra, por otro lado, imposibilidad para el empresariado nacional para mejorar sus instalaciones e importar maquinaria con adelantos tecnológicos que permitan superar y mejorar la producción.

El empresariado nacional en conjunto expresa clara y terminantemente: “Los empresarios bolivianos como actores económicos importantes del modelo económico plural, demandamos la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno para tratar temas inherentes a nuestra dinámica, a fin de evitar los efectos perniciosos que este incremento inconsulto generará en la dinámica del sector privado”. Reafirman por otro lado: “Reiteramos una vez más, que la obligación constitucional de nuestros gobernantes, es la de diseñar políticas económicas y sociales sin arriesgar la base productiva del país, generadora de fuentes de empleo digno y formal y colaboradora de la independencia económica del país”.

La posición del empresariado privado es clara y es el Gobierno el que en diálogo con los dirigentes, tendrá que ver las soluciones más acordes al gran problema planteado con un incremento salarial difícil de cumplir. Es de esperar que el Gobierno, irreductible muchas veces en sus decisiones, tome conciencia de lo que ocurre y vea la necesidad de fortalecer al sector privado y no someterlo a hechos que puedan destruirlo y que serían de extrema gravedad para el Estado y para el propio Gobierno.