Necesidad de nueva Constituyente

Como solución a la crisis que enfrenta el partido de gobierno a raíz de la catastrófica derrota que sufrió en el referéndum de 22 de febrero, han surgido dos opciones. La primera, que el resultado de esa votación popular sea de carácter definitivo y la segunda, que deber buscarse alguna solución para que los gobernantes actuales del país puedan volver a candidatear a los altos cargos que ocupan, de tal forma de dar continuidad al régimen vigente.

La primera sugerencia puede ser inamovible. En cambio la segunda es más discutible y posiblemente el sector gobernante imponga su punto de vista por medio de alguna fórmula, una ya está circulando en los medios políticos del oficialismo. Esta segunda proposición sería convocar a una Asamblea Constituyente que revise la Constitución vigente o bien a dictar otra totalmente nueva, en la cual, lo principal sería permitir que los gobernantes pueden prorrogarse en el poder de forma indefinida.

La sugerencia de una Constituyente fue hecha en estas columnas tiempo antes (EL DIARIO, 3 de marzo), con el argumento de que la Constituyente de 2007 no se completó y que la Carta constitucional que estudió no fue aprobada por ella, sino por un organismo parlamentario sin poder para ello, por lo cual la Constitución sería ilegítima, como se señaló en el folleto “Historia y crítica a la Constitución Plurinacional” (1).

Recordemos que la Constituyente de 2007 estudió una nueva Constitución, pero dejó abierto el proceso constituyente que se cerró en falso por obra de un poder que no tenía facultad para ello, siendo, por tanto, transitoria. Por consiguiente, mientras no se complete la Asamblea Constituyente real, no se podrá cerrar el proceso.

La Constituyente pasada estudió una Constitución, pero ésta fue manoseada, reformada, corregida y aumentada en la Calancha, Oruro, y oficinas de La Paz y no por la misma Constituyente, sino por el Congreso ordinario, o sea un organismo constituido que no tenía atribución para llegar a esa impertinencia. En efecto, carecía de potestad para revisar la Constitución estudiada por la Asamblea Constituyente, lo cual (desconociendo la teoría y la práctica Constituyente), hizo que en vez de que el Congreso dependa de la Asamblea, en total inversión de principios, ésta pasó a depender de un organismo inferior. El Congreso no tenía facultad ni atribución para modificar el texto constitucional aprobado por la Asamblea, sin embargo, lo hizo de manera arbitraria y por presión del oficialismo. Por tanto surge la comprobación de que la Asamblea Constituyente no estuvo a la altura de las necesidades históricas del momento.

Peor que eso. La nueva Constitución adolece en su esencia y en su forma de graves errores y hasta aberraciones, entre otras que primero niega la Nación y segundo, en su absurda ideología populista además de sugerir construir el socialismo sobre los saldos descompuestos del comunitarismo preaymara y el feudalismo colonial sin pasar la etapa capitalista, señala para el país anacrónicos objetivos feudales, esclavistas y comunitarios que son la causa de la crisis permanente en que vive Bolivia desde hace diez años y continuará viviendo en esa forma caótica mientras la Constitución no sea reflejo de las características verdaderas de la realidad nacional.

La solución para esta crisis tendrá dos salidas: convocar a una nueva Constituyente o que la última reanude sus labores, estudie con seriedad una nueva Constitución, la apruebe sin ninguna injerencia externa y adolezca de legitimidad. Y principalmente, exprese en su fondo las características de la realidad nacional y no los sueños utópicos de aventureros.

(1) APA. Historia y crítica

a la Constitución Plurinacional.

La Paz, 2015.