Ardua pacificación en Colombia


 

La aspiración de todo país es vivir en paz, pero la humanidad siempre ha encontrado motivos -reales o falsos- para confrontar. Al mismo tiempo, los buenos gobernantes hacen o deben hacer cuanto les sea posible para encontrar en la paz de sus pueblos el camino expedito a la convivencia y al bienestar. Es natural, entonces, que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se hubiera empeñado en el afán de establecer bases de pacificación.

Ese desafío tenía mucho de parecido con una misión imposible. 50 años de enfrentamiento sangriento dificultaban el entendimiento, Colombia había asistido a los procedimientos más perversos de la guerra. como los secuestros metódicos, el terrorismo en ciudades ajenas al teatro de operaciones, devastación de poblaciones, propiedades y tierras, en fin, un rosario de crímenes sustentados en alianza con el narcotráfico, en gran medida.

Frente a este estado de emergencia los sucesivos gobiernos colombianos lejos de arredrarse no bajaron la guardia en ningún momento, al paso que las Fuerzas Armadas combatieron con singular disciplina y valor reduciendo al mínimo los excesos bélicos, enmarcadas en los valores que recuerdan la “guerra justa” de otros tiempos. Por su parte, las instituciones republicanas se mantuvieron firmes sin ceder un palmo al terror, al paso que la actividad productiva del hermano país mantuvo su impulso, si bien, no hay duda que en condiciones de normalidad su crecimiento económico hubiera alcanzado niveles ascendentes a los que Colombia está llamada.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició, pues, en La Habana trabajosas tratativas con las FARC para negociar la paz hasta dar claros pasos de entendimiento y desarme, restando al presente tan solo aspectos formales que pongan punto final al prologado enfrentamiento. No obstante, influyentes políticos de la talla del ex presidente Álvaro Uribe no comparten a plenitud los acuerdos alcanzados por quien hoy presidente, desempeñara el Ministerio de Defensa en su gestión de gobierno. El principal argumento opuesto es que no se puede echar en el saco del olvido la horrenda criminalidad de las FARC, porque se estaría sentando un funesto precedente, extraño al principio moral y ético de justicia al que las naciones civilizadas no pueden renunciar. De por medio están las incontables familias tronchadas por la ausencia de sus miembros, víctimas del asesinato fratricida.

Logrado el epílogo de la lucha armada frente a una facción tan radical como ausente de justificativos políticos de fondo, le resta aún a Colombia recorrer la misma ruta en cuanto al ELN, guerrilla que aún se mantiene en armas.

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