Seguridad ciudadana

En la entrega de la “Ruta crítica” (pasos) para operar e investigar casos de feminicidio”, escuché en vivo la entrevista de María Galindo -de Radio Deseo- a los funcionarios del “Aparato Jurídico Estatal”, donde el 100 % de los entrevistados (fiscales, invitados, secretarias técnicas, etc.) conocía poco o nada de la Ley 348 contra el feminicidio. El fiscal Guerrero, de forma grandilocuente, se abocó a ensalzar el espíritu de la “norma”, olvidando las “cifras” que demuestran la impunidad contra el feminicidio y la inseguridad. Incluso el Jefe Departamental de la Felcc no conocía a cabalidad la Ley 348. ¿Cómo es posible que en una institución de transparencia y anticorrupción haya abogados “falsos” (sin título)? ¿Cómo se permite notarios, fiscales falsos? ¿Por qué se permite que haya módulos policiales, en barrios paceños, abandonados?

Lo evidente es que recientemente (caso Kermed Aid, que murió por auxiliar a una mujer, ni qué decir del periodista Christian Sailer) está colmando. En la seguridad ciudadana confluyen varias causas propias para un debate. Mientras tanto, se observa violentas reacciones populares, resultado de la falta de seguridad. No se confía en la Policía y el Ministerio Público, donde los delincuentes, aparentemente, son “favorecidos”. La “falta de autoridad” (ética y honesta), se convierte en caldo de cultivo. El Estado minimiza esta inseguridad que genera condiciones para reducir la seguridad ciudadana a las posibilidades del “sálvese quien pueda”. La policía casi siempre está ocupada en reprimir manifestaciones, bloqueos, en corretear a opositores, etc. El argumento (burdo) es que la seguridad “es tarea de todos y no sólo de la Policía”, ¿a quién recurrir?

La seguridad ciudadana es una principal tarea del Estado para proteger y asegurar la calidad de vida o el “vivir bien” de los ciudadanos. Debe liderar una acción integrada con la colaboración de organizaciones de bien público. Debe promover -y operar- acciones democráticas en pro de los ciudadanos y de sus bienes, ajustadas al Derecho, tal como manda la CPE. Incluso la OEA exhorta “armonizar el ejercicio de los derechos de cada persona aplicando políticas de seguridad, pero ¿qué sucede? La política es ineficaz para cumplir su papel. El Derecho penal por su “contaminación” con la política -también- es ineficaz. En concreto, el Estado no es capaz de reaccionar ante la violencia y el delito complicando la situación. ¿Qué hacer?

De una buena vez que el Estado (liderado por Evo Morales) actué con más “seriedad”, desde la perspectiva de los derechos humanos. Deben dejar de pasarse la pelotita entre policía, jueces, fiscales. Promover una seguridad que no se limite a una lucha contra la delincuencia, sino que cree un ambiente; una política adecuada, que equilibre deberes y derechos para la convivencia pacífica; poner mayor énfasis en el desarrollo de acciones de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, reconducir tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados que quedan en la “investigación”. Debemos recordar que la seguridad ciudadana es, también, la seguridad humana, definida como la Protección Nacional contra el delito violento o predatorio. Entonces, solo entonces, será una protección de las opciones y oportunidades de todos los bolivianos: su vida, su integridad, su patrimonio, etc., contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera de forma súbita y dolorosa la vida cotidiana de los bolivianos.

El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (Cisec).