El azote de paros y bloqueos

Las poblaciones paceñas y de El Alto sufrieron una nueva agresión a manos de los transportistas con un nuevo paro del servicio, aprovechando de lo indispensable del uso del mismo para el desarrollo de las actividades cotidianas. Esta vez el gremio del transporte paralizó la ciudad sin consideración a que el 20 de Octubre se conmemora la fundación de La Paz, asumiendo el triste papel de verdugo de la población que los sustenta, pese a las deficiencias de su servicio.

El motivo esgrimido para el paro fue que no se ejecuta el descuento del 50% de los impuestos para aquellos que no cumplen los compromisos contraídos con la Alcaldía Municipal en fecha 29 de junio pasado. Esto es, el mejoramiento de la calidad de micros, minibuses, taxis, etc., así como el cumplimiento de atención nocturna. La madre del cordero se encuentra en la Ley Tributaria Nacional N° 843 que libera el 50% del pago a favor de los transportistas. Sin embargo, otorga a los gobiernos municipales la facultad de aplicar el descuento en casos de incumplimientos.

Resalta aquí un privilegio a favor de un sector de ingresos saneados que no ofrece ni condiciones mínimas de seguridad y comodidad a los usuarios, percibiendo un reciente y considerable incremento de pasajes. En términos generales, se sigue practicando el “trameaje”, no obstante formar parte de sus compromisos con las autoridades.

El transporte público es el que más se beneficia de la subvención de gasolina y de los carburantes. Lejos de tratarse de un gremio de trabajadores, son empresarios que en gran número administran más de una unidad, cuyo manejo delegan a chóferes contratados con bajos salarios, además de incumplir con los beneficios de la Ley General de Trabajo. La población paceña está amenazada con nuevos paros si no se acepta las exigencias del sector del transporte.

A la par, se sufre un bloqueo y asedio del centro de La Paz por los gremialistas (comeciantes callejeros), que resisten la carnetización que busca el Gobierno Municipal de La Paz, con fines de control.

La carnetización pretende sustituir los memorandos y autorizaciones de puestos de venta. Dichas autorizaciones son clonadas, duplicadas y falsificadas para que sirvan a la implantación de otros tantos puestos con el mismo documento, permitiendo lucrar no sólo a parientes del vendedor original, sino que ha devenido en un derecho propietario de hecho, transmisible a herederos; se alquila, se da en anticresis y se vende. En las redes se oferta puestos hasta en 40.000 dólares. Jurídicamente las vías urbanas -en este caso- no están en el comercio por encontrarse afectadas por el servicio público (derecho eminente).

Cada día las calles amanecen con nuevos asentamientos, dando el aspecto de un inmenso mercado persa, dificultando la circulación de peatones y motorizados. Obviamente el aspecto de la ciudad va en demérito y acentúa la decadencia en la que han caído ciertas zonas.

El bloqueo y vigilia se prolonga por una semana y esta medida, concentrada en mayor contingente en puertas de la Municipalidad, impide el ingreso no solo de los empleados, sino del propio Alcalde y demás autoridades, todo ante la ausencia de la llamada institución del orden. Este panorama demuestra una vez más que el Gobierno Central no presta apoyo a la autoridad municipal por ser opositora. Solamente en nuestro país se observa tamaño despropósito. El Estado es uno solo y se debe cooperación y asistencia mutua.