Indígenas rechazan los proyectos hidroeléctricos

Poblaciones asentadas en las reservas naturales del país, y en especial en la región del Madidi, han expresado criterios en sentido de rechazar la proyectada construcción de represas hidroeléctricas de El Bala y el Chepete porque ello implica atentar contra su vida y va en detrimento de la naturaleza y de la conservación de extensas áreas de bosques que contienen rica fauna animal y vegetal.

La oposición indígena también está referida al ingreso de compañías petroleras que buscan encontrar petróleo y gas, ya que el gobierno está encaprichado con que se debe encontrar nuevos campos y reservas con miras a “reemplazar las pérdidas sufridas por los menores ingresos por precios bajos en el mercado internacional”.

Ambos proyectos, lo hidroeléctrico y explotación de hidrocarburos, son contrarios a las urgencias y necesidades del país, si bien hay necesidad de contar con nuevos campos de gas, esto puede ser logrado luego de labores de prospección y exploración de nuevas áreas que, según pregonó mucho el gobierno, “el país es excesivamente petrolero y gasífero porque estudios realizados demuestran tal situación”. Si hay mucho gas en el país, no es preciso recurrir a las reservas declaradas patrimoniales, aun sabiendo que ello sería perjudicial porque hacerlo, por ejemplo en la región del Madidi, implicaría la destrucción de miles de hectáreas de bosques que contienen maderas de toda clase, plantas medicinales, especies de animales y son, por los ricos contenidos vegetales, reservas no solamente del país sino del planeta mismo.

Hay seria preocupación en la colectividad nacional, y también en organismos internacionales, por la vida que puedan tener más o menos veinte comunidades que viven en El Madidi y regiones adyacentes, si es que se persiste en construir una carretera dividiendo todo ese territorio, buscar petróleo y, finalmente, inundarlo con las aguas tan solo para construir plantas hidroeléctricas que se las puede lograr en otras regiones del país. Las comunidades indígenas, dicen las autoridades, serían “trasladadas a otras regiones donde tendrían todo lo necesario para vivir y trabajar en excelentes condiciones”. Cabe recordar que idénticas declaraciones se hizo en relación con 50 familias que fueron asentadas en el departamento de Pando con la dotación, se dijo, de 50 hectáreas de tierra por familia; pero, que se sepa, nadie ha informado cuál fue la suerte de esas familias y si realmente se ha cumplido todo lo prometido a favor de ellas.

Las comunidades indígenas del Madidi han explicado claramente su oposición a la construcción de represas y el gobierno debería respetar los derechos que tienen por generaciones y, al contrario, como parte importante del territorio nacional, proveerles de lo necesario para elevar sus condiciones de vida. No corresponde tenerlos amenazados con proyectos que el país en su conjunto rechaza porque atentan contra la naturaleza, el medioambiente y, lo más importante, la vida y seguridad de personas que viven en toda la región. Principios elementales de solidaridad, respeto y consideración por las familias debería impulsar el gobierno para impedir la invasión a toda la región que, además, es reserva nacional.