Enconos de Chile con Bolivia

En el último tiempo, Chile está mostrando injustificados enconos con Bolivia y los bolivianos. En la Corte Internacional de Justicia de La Haya presentó una demanda contra Bolivia por el caso Silala, como si hubiera sido víctima, cuando en realidad sólo se trató de un reconocimiento que hizo un grupo jurídico boliviano para establecer el origen de las aguas que el país reclama como propias.

Al presente, recluye judicialmente a nueve bolivianos bajo el cargo de robo, cuando en realidad, si es que hubo, lo máximo que hicieron fue pasar un pequeño trecho su frontera con Bolivia. Pero en la realidad no hubo tal cosa, sólo se acercaron a ella.

No fue suficiente detenerlos, sino que los sometieron a reclusión carcelaria y por añadidura se les abrió juicio y como resultado se les impuso 120 días para el cumplimiento de una pena que no existió.

Pero más aún, el caso fue pasado a su Corte Suprema de Justicia, la que debía pronunciarse el lunes, pero aplazó la toma de su decisión para ayer martes. Esta nota es escrita en la mañana del día, de manera que no se conoce en este momento qué es lo que resolvió.

En todo caso, estas líneas se justifican porque los nueve bolivianos no cometieron delito alguno contra Chile, ni siquiera incurrieron en trasponer la frontera divisoria entre los dos países. Apenas llegaron hasta el límite, de acuerdo con una vista fílmica que se difundió en La Paz.

Las autoridades aduaneras bolivianas explicaron que se trataba de un grupo de siete de sus funcionarios y de dos policías para detener a contrabandistas bolivianos que realizaban sus operaciones a través de puertos chilenos y que buscan pasos fronterizos desiertos para internar su mercadería a Bolivia.

Aquello del supuesto robo que se les atribuye no podía darse en un lugar desierto, lugar en el que ni siquiera hay una población chilena cercana a ese punto fronterizo.

Después que la justicia de Tarapacá les impuso cuatro meses de reclusión, el caso fue elevado a consideración de la Corte Suprema de Justicia del país vecino, con residencia en su capital, Santiago. Como si los bolivianos hubieran cometido un delito de grandes proporciones, pues sólo en estos casos se recurre en todas partes del mundo a su máximo tribunal.

Pese a esta experiencia internacional, de principio la Suprema de Chile rechazó la solicitud de amparo presentado a su consideración por abogados del vecino país, los cuales fueron contratados, para someterse los detenidos bolivianos plenamente a la justicia chilena.

La sentencia final de la Suprema de Chile se pronunciaría antes de la publicación de estas líneas. Lo justo sería que desista de seguir conociendo la causa, por falta de elementos que la justifiquen.

En todo caso, resultó pertinente el recuerdo que hicieron autoridades y abogados bolivianos, en sentido de que en circunstancias similares al caso que ahora se tramita en Chile, el país en dos ocasiones devolvió a Chile a sus ciudadanos que ingresaron al territorio nacional.

En uno de ellos podía haberse aplicado una sentencia judicial con pena de cárcel, pues el ciudadano chileno, identificado como Mauricio Felipe Ortega Aliaga, ingresó a Bolivia el 4 agosto de 2016 y fue sorprendido tomando fotografías del manantial del Silala, no obstante lo cual se lo devolvió a su país sin mayores complicaciones policiales y menos judiciales.

El segundo caso se produjo el 28 de agosto también de 2016, cuando dos carabineros chilenos armados (sargento Pedro Antonio Vidal Gonzales y el cabo Johnny Mayta Sarsuri) fueron detenidos en suelo boliviano, cuando perseguían a un narcotraficante. Pese a ello, igualmente se los devolvió a su país sin tomar medida alguna contra ellos.

En ambos casos, las autoridades bolivianas prefirieron mantener en el plano amistoso las relaciones con Chile, en contraste con el comportamiento actual de las autoridades de la nación vecina, con los nueve bolivianos que estaban en plan de evitar el contrabando que se internaba al país, en un área desértica de la frontera entre los dos países.