LOC en Ecuador celebra cuatro años

Ley de Comunicación entre la polémica y la necesidad



EN 2013, CUANDO ASAMBLEÍSTAS OPOSITORES A LA LEY DE COMUNICACIÓN FUERON CON PANCARTAS PARA EXPONER SU POSICIÓN.

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador cumplió ayer cuatro años en vigor, matizada por la polémica entre los que la defienden como una necesidad para regular los contenidos de la información y quienes la rechazan por considerarla un atentado a la libertad de prensa.

El expresidente del país Rafael Correa (2007-2017) impulsó la normativa bajo el argumento de que se necesitaba una ley que regulara lo que él calificaba de “abusos” de una prensa que había estado dominada por las oligarquías tradicionales y el capital.

Una de sus mayores denuncias tuvo que ver con una información del canal Teleamazonas que aseguró en 2009 que una operación de la petrolera venezolana Pdvsa en la Isla Puná (suroeste), en el golfo de Guayaquil, afectaba las actividades de pesca en la zona.

Según Correa, fue una clara muestra de “desinformación y manipulación” y un “invento” del canal para desprestigiar a su gobierno, que había establecido la alianza con Pdvsa.

La programación de Teleamazonas fue entonces suspendida por tres días por este caso que, para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) alteró el orden público, ya que los habitantes de Puná incluso se apoderaron momentáneamente de un taladro de Pdvsa para protestar contra la supuesta suspensión de las actividades pesqueras.

A raíz de ese y otros casos, en junio de 2013 entró en vigor la polémica LOC, lo que generó en la oposición un llamamiento a cerrar filas contra la que consideraban una “Ley mordaza”.

Y es que desde que entró en vigor, los críticos también advierten de los “abusos” que las autoridades de control de la comunicación han cometido supuestamente contra los medios amparándose en la ley.

Uno de los últimos casos ocurrió en marzo cuando la Supercom multó al diario Extra con el 10 por ciento de su facturación promedio de los últimos tres meses (153.000 dólares, según el propio medio), por incumplir con la norma que obliga a la difusión del 5 por ciento de contenidos interculturales en las ediciones diarias.

 
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