La seguridad ciudadana en duda

El hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Santa Cruz, donde un grupo de individuos atracó una joyería particular, ha puesto en tela de juicio, una vez más, la existencia de la pregonada seguridad ciudadana. Ese episodio local fue, sin embargo, solo una muestra de lo que está ocurriendo en todo el país en relación con la ola de delincuencia que se agudiza a diario y llega al extremo de causar numerosas víctimas.

Desde hace varios años se anuncia con cierta regularidad que el gobierno está adoptando medidas efectivas para garantizar a la ciudadanía un ambiente de tranquilidad mediante la eliminación o control de bandas de elementos peligrosos que merodean en las principales capitales de departamento. Las entidades gubernativas realizaron reuniones de todo tipo para reorganizar el sistema de seguridad, aumentó el número de efectivos policiales, se reajustó los salarios, se adoptó nuevos procedimientos de defensa, etc. Es más, fueron realizadas las conocidas y costosas “cumbres”, en las cuales se anunció que los problemas desaparecerían más a corto que a largo plazo.

Con esa política de buenas intenciones (de las cuales está empedrado el camino al infierno), el gobierno no vaciló en cambiar a las más altas autoridades policiales, destacando que, en cada oportunidad, los nuevos comandantes dictarían medidas internas y externas para reajustar los mecanismos de seguridad y elevar la eficiencia para asegurar la vida y la propiedad de la ciudadanía.

Sin embargo, las declaraciones y ofertas cayeron, en casi todos los casos, en saco roto, y los hechos criminales proliferaron no solo en cantidad, sino también en su calidad, ya que las acciones vandálicas fueron más sangrientas y voluminosas, dejando siempre saldos trágicos. Es más, en muchos casos los delitos no fueron aclarados.

La lista de hechos de delincuencia en últimos años ha crecido y se registran atracos, violaciones, robos, asesinatos, estafas, etc. en los que, además, estaban implicados funcionarios policiales, algunos de alto rango, que fueron dados de baja o sometidos a juicio, con la esperanza de que esas drásticas medidas sirvan de ejemplo para que se frene la ola de actos ilegales. Tal procedimiento, sin embargo, no dio los efectos que se esperaba y, en cambio, se produjeron acciones como el atraco recién ocurrido en la capital cruceña, acto que demostró en su contenido que la ciudadanía vive momentos de inseguridad y que las “campañas” para garantizar la vida de la población se encuentran muy recortadas, pese a la aplicación de reformas internas en medios policiales, que si bien dieron alguna efectividad, solo afectaron la parte, dejando intacto el todo.