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Dos mineros vuelven a la cárcel

Juez denunciado en caso Rodolfo Illanes



LOS COOPERATIVISTAS MINEROS PAULINO LAYME PLAZA Y CLEMENTE COLQUE ARANCIBIA (I) FUERON REMITIDOS AYER, NUEVAMENTE, AL PENAL DE PATACAMAYA.

La familia del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, presentó ayer denuncia ante la Fiscalía, contra el juez séptimo de El Alto, Héctor Quilla, por irregularidades en la resolución que emitió en favor de dos cooperativistas mineros, quienes lograron salir de la cárcel pese a que existían riesgos procesales de fuga y de obstaculizar en la investigación del asesinato de la exautoridad, en el que ellos figuran como autores materiales.

Hace más de un año, los cooperativistas Paulino Layme Plaza y Clemente Colque fueron aprehendidos e identificados como parte del grupo de mineros que asesinó a golpes al exviceministro Illanes, hecho ocurrido en la localidad de Panduro el 25 de agosto de 2016.

El 23 de agosto de ese año, los cooperativistas Layme y Colque presentaron un recurso de cesación a la detención preventiva que cumplían en el penal de Patacamaya.

En esa audiencia, Quilla favoreció a los dos mineros con la detención domiciliaria, por lo que la defensa de la familia Illanes presentó apelación, considerando el juez no valoró los indicios.

La familia Illanes, también observó la actuación del fiscal Javier Flores, La familia afirma que el fiscal adelantó criterio señalando que las investigaciones ya habían concluido, argumento que favoreció a los dos cooperativistas. Por esta razón, Flores fue recusado.

“Nosotros, en este momento, vamos a presentar una denuncia (contra el juez Quilla), en el Ministerio Público por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley”, declaró ayer a medios de comunicación Jalith Mariño, apoderada de la familia Illanes.

La información se dio a la conclusión de la audiencia de apelación por la detención domiciliaria de los dos mineros cooperativistas.

El presidente de la Sala Penal Cuarta, Yvan Córdova, emitió una resolución revocando la resolución 438/2017, del 23 de agosto de 2017, por el juez Quilla, que ordenaba la detención preventiva de los cooperativistas mineros.

El argumento de la denuncia presentada contra Quilla está fundada también en la llamada de atención que realizó ayer la Sala Penal Cuarta.

"Asimismo, se llama severamente la atención al juez séptimo de instrucción en lo penal, cautelar de la ciudad de El Alto, Héctor Quilla, por la emisión de la providencia del 30 de agosto de 2017, que quebranta todo marco de razonabilidad en cuanto se refiere a la modificación de la resolución, remitida en apelación, advirtiendo que de reiterarse esta conducta, se remitirá antecedentes a Régimen Disciplinario para el procesamiento correspondiente", decretó el vocal Córdova.

Los dos cooperativistas mineros forman parte de los 19 imputados dentro de este caso, en el que también están imputados dos jefes policiales, sindicados de negar el auxilio a la exautoridad que ese 25 de agosto fue tomado como rehén para luego ser victimado a golpes.

 
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