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Tras 34 días de huelga

Sectores se suman a protesta de médicos

• Administrativos de salud inician paro de 72 horas en Chuquisaca • Transporte pesado rechaza Código Penal por aplicar triple sanción


Médicos, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y otros sectores sociales marcharon y bloquearon la ciudad.

Los médicos volvieron ayer a protestar en las calles del país tras la fiesta de Navidad sin levantar la huelga de 34 días, en demanda al Gobierno para que derogue un artículo del nuevo Código del Sistema Penal que consideran que criminaliza su actividad profesional.

Las organizaciones que aglutinan a profesionales en medicina organizaron bloqueos en distintos puntos de la ciudad, sede del Gobierno, mientras que en otras ciudades del país hubo marchas y se reforzaron los piquetes de huelga de hambre.

Juan Carlos Astulla, médico cirujano que participó en uno de los bloqueos, declaró a Efe que las medidas de presión no se levantarán, ya que si lo hacen el Gobierno “va a comenzar la persecución” contra dirigentes del sector.

Susana Guzmán, que trabaja en la Caja Nacional de Salud, dijo a Efe que las observaciones son contra todo el Código del Sistema Penal porque considera que “es una copia del de Venezuela”, aunque el Gobierno mantiene que se ha fijado en los de Uruguay, Chile y Argentina.

Las medidas de presión del sector médico han estado marcadas por marchas de profesionales y estudiantes, piquetes de huelga de hambre, bloqueos en las calles y refriegas con la Policía que la semana pasada dejaron algunos heridos y detenidos.

El comandante nacional de la Policía boliviana, Abel de la Barra, en rueda de prensa, aclaró que “no se va a permitir que se causen daños a la propiedad pública y privada”.

De la Barra advirtió de que se reservará el “derecho al uso de la fuerza” en caso que se produzcan nuevamente manifestaciones violentas.

PARO DE 72 HORAS

Los trabajadores administrativos en Salud de Chuquisaca confirmaron un paro de 72 horas movilizado a partir de hoy, en respaldo a la huelga general indefinida de los médicos de esa ciudad, reportó radio Aclo de la red Erbol.

La dirigente Lili Fernández precisó que la medida de presión se cumplirá este miércoles, jueves y viernes, y advirtió que si no hay solución, desde el 2 de enero, ingresarán en uno general indefinido movilizado.

Dijo que hay posiciones que exigen incluso una marcha hasta la ciudad de La Paz porque las normas recientemente aprobadas, como el DS 3385 de fiscalización y el artículo 205 del Código de Sistemas Penales, criminalizan las atenciones de salud.

Explicó que cuando un paciente ingresa a un hospital, no lo hace directamente a un médico, sino que es atendido por un camillero y otro personal de apoyo que por efecto del 205, son también sujetos a sanciones penales. “Todos estamos bajo ese artículo”, declaró.

Entre tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, Román Barrón, exigió a la ministra de Salud, Ariana Campero, aplicar despidos a los médicos y trabajadores porque no pueden perjudicar a los pacientes.

TRIPLE SANCION

La Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal) expresó ayer su rechazo al nuevo Código de Sistemas Penales, porque de manera inconsulta fue aprobado un artículo que aplica triple sanción para casos de accidente de tránsito con muerte, en franca violación a los derechos y garantías de la Constitución Política del Estado.

El secretario ejecutivo nacional Édgar Tola observó particularmente el contenido del artículo 137 sobre “homicidio culposo con medio de transporte”, donde se sanciona con 2 a 4 años de cárcel a la persona que mate a otra por impericia, inobservancia de reglamentos, imprudencia y/o negligencia.

La segunda sanción consta de una “reparación económica” y, la tercera “inhabilitación” de la condición de conductor. Si el accidente lo hubiera cometido en estado de ebriedad o por “culpa temeraria”, entendida como el agravante de los delitos cometido por culpa, la sanción irá de 4 a 8 años.

El propietario de transporte, gerente o administrador de una empresa de transporte será condenado a una “reparación económica” por inobservancia de reglamentos en caso de muerte durante el servicio de transporte. Si la “culpa fuera temeraria”, se aplicará sanción de privación de libertad de 2 a 4 años más “reparación económica”, según la ley promulgada.

Dijo también que las federaciones de transporte urbano ya debieran estar en movilizaciones porque esto afecta al transporte, urbano, provincial, interdepartamental, e incluso a los vehículos privados. (Agencias)

 
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