Grave atentado a la salud: medicamentos falsificados

Al grave drama que sufre la población por la mala atención en hospitales en los que faltan camas, medios técnicos, medicamentos, personal médico y de enfermeras, carencia de infraestructura, ausencia de vituallas y enseres, se añade ahora otro grave problema para la salud de la población: falsificación de medicamentos y su consiguiente comercialización. Información proporcionada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud dio a conocer que “más de 100 tipos de fármacos de dudosa calidad y procedencia son comercializados en algunas ciudades y departamentos del país, e incluso son utilizados en unidades de Terapia Intensiva y quirófanos de hospitales”. La denuncia es clara y terminante.

La falsificación, comercialización y consumo de medicamentos falsificados o pasados de fecha de expiración es algo común y corriente que hubo en nuestro país, así como en varios sitios del mundo. Las consecuencias generalmente no son conocidas, por falta de la información pertinente; pero, en todo caso, seguramente que el daño causado llega a grandes y graves proporciones. La misma información oficial señala: “Estos medicamentos falsificados fueron comercializados por un grupo delincuencial que fue desarticulado el fin de semana en la frontera del Desaguadero”. Este lugar es uno de los menores de ingreso de todo tipo de mercaderías al país, y no sería raro que por puertos de Iquique y Arica hayan ingresado casi permanentemente todo tipo de medicinas falsificadas o adulteradas por haber pasado el tiempo útil para su uso.

La denuncia es grave y muestra realidades que nadie debería ignorar: hay falta de control por parte de autoridades aduaneras y de salud; existe descuido e indiferencia de quienes deben fiscalizar las importaciones de medicinas e insumos para la salud; hay aplicación de políticas del “dejar hacer y dejar pasar”, con la complicidad de muchos distribuidores y farmacias que se encargan de la comercialización; hay, por otra parte, negligencia en clínicas y hospitales que aceptan utilizar medicamentos sin los controles y garantías precisos. Por supuesto, la economía ilegal, asentada especialmente en el contrabando, es la directamente culpable de estas situaciones que atentan contra la salud de la población.

Muchas veces, ante denuncias graves sobre internación y comercialización de productos nocivos -medicamentos y alimentos- poco o nada se hace para identificar a los culpables. El hecho que nos ocupa muestra hasta qué punto el país vive sometido a la acción de la economía ilegal y no sería raro que el consumo de estupefacientes adosados a alimentos sea una realidad. Tampoco sería raro que la comercialización de drogas alucinógenas sea común y corriente por carencia de controles por parte de quienes están obligados a cumplir con su deber y, además, no tienen conciencia y permiten que lo ilegal atente contra la salud y vida de la población.

Tendrá, pues, que haber investigaciones muy serias, precisas y responsables sobre el tráfico y consumo de medicamentos falsificados y se requiere la imposición drástica de sanciones que establezcan nuestras leyes, porque no se debe tener expuesta a la población a que, por cualquier medio, medicinas o alimentos, corra el peligro de ser envenenada.