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Guadalupe Cárdenas sería imputada por atentar a la libertad de trabajo



FELCC detiene a Guadalupe Cárdenas, dirigente nacional de las esposas de policías de baja graduación.

Guadalupe Cárdenas, dirigente nacional de las esposas de policías de baja graduación fue detenida ayer, por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sindicada de atentar y obstruir la libertad de trabajo.

Cárdenas fue detenida cuando junto a varias mujeres, se instalaron en la puerta del Comandando Departamental de la Policía, para iniciar una huelga de hambre, en protesta por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

De acuerdo a un informe del comandante de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel José Antonio Saavedra, la dirigente fue aprehendida en primera instancia por obstruir y alterar el orden público en inmediaciones del comando departamental.

Sin embargo, una vez en las celdas policiales en horas de la tarde, la dirigente fue acusada por el delito, de atentado contra la libertad de trabajo, por lo que su caso pasó a la división de Económico Financieros de la Felcc.

La fiscal del Ministerio Público, doctora Magaly Gonzales, indicó que luego de haber recibido las declaraciones de la detenida, se pudo conocer que existen suficientes indicios de culpabilidad para que Cárdenas permanezca detenida.

Las pruebas de culpabilidad en su contra, dijo, son suficientes para que este jueves se haga conocer la imputación formal, por parte del Ministerio Público, con lo que podría determinarse la detención carcelaria de Cárdenas, por el delito que se le acusa.

Gonzales, manifestó que otro de los delitos que habría cometido la dirigente Cárdenas es allanamiento de domicilio, al referirse al intento de ingresar a las dependencias policiales del comando departamental.

“Al haber sido detenida por una acción directa por la Felcc, continuará detenida en estas dependencias hasta que hoy por la tarde se pueda decidir su imputación por los delitos señalados por la Fiscalía.

Mientras que la acusada aseguró que esta actitud asumida por el Gobierno, es una represalia contra aquellas personas civiles y uniformados, que protagonizaron las jornadas del motín policial, en demanda de una mejora salarial, especialmente, para los uniformados de baja graduación.

 
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