Resocialización contra “contagio criminal”

Víctor Hugo Rodríguez Tórrez

Con éxito se realizó el VII Congreso Nacional de Derecho Penitenciario, organizado por la Facultad de Derecho de la UMSA. Expuso la preocupación de su Cátedra de Derecho Penitenciario, de la que es titular el criminólogo y docente Carlos Flores Aloras. Abordó las humillantes condiciones en las que vive la población privada de libertad en las cárceles del país. El Panóptico Nacional ubicado en el barrio paceño de San Pedro es el espejo escarnecedor.

En el evento llevado a cabo en el Colegio de Abogados de La Paz, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón Quinteros, reconoció que el actual sistema judicial “no refleja nuestra realidad debido a factores como la retardación de justicia, agravación de la corrupción, normas inquisitivas y diversas anomalías cuya reforma penal que costó al Estado once millones de dólares no arrojó resultados positivos”. Reclamó mayor espacio judicial para las abogadas inmersas en el conocimiento y ejercicio del derecho penitenciario.

El Congreso señaló ciertos modos, usos y métodos fuera de época con que es administrado el sistema carcelario. Subrayó que la universidad pública debe reasumir su papel esclarecedor y formador para encaminar reformas para que las personas privadas de libertad sean conducidas como seres humanos con dignidad y decoro. En enero/2013 será aplicado el Reglamento Penitenciario.

El VII Congreso “Dr. Carlos Flores Aloras”, denominado así en homenaje a dicho penalista, juez y escritor, contó con participación de abogados especialistas en el tema carcelario, como Ramiro Llanos Moscoso, Director General de Régimen Penitenciario, quien describió las estrujantes condiciones de las cárceles. El Dr. Jorge Leytón Wayar, Director Nl. de Defensa Pública, informó estadísticamente el dramático cuadro socio humano y de hacinamiento. El Dr. Tomás Molina Céspedes desde hace años propugna reglas de juego nobles para la administración de justicia en el país. El docente de la UMSA Arturo Vargas hizo profundas reflexiones alusivas.

En coincidencia con un editorial de EL DIARIO, de 23 de septiembre: “Necesario indulto para reos en las cárceles”, se estima que un 84% de personas detenidas no cuenta con sentencia y se hallan depositadas como objetos en recintos carcelarios sujetas a limitaciones asistenciales, maltratos sicológicos, anímicos, morales y extorsiones por elementos del hampa.

Fue remarcado el excesivo ritualismo y peregrinaje procesal que encara el inculpado. Se esgrimió aspectos dilatorios y anacrónicos como el depósito preventivo de personas enjuiciadas, traslados insulsos de cárcel a juzgados, suspensiones de audiencias, falta de objetividad técnica, saturación de celdas en las que no deberían permanecer cónyuges y niños, en un sub mundo de pésimos hábitos que deforman y agravan la personalidad del privado de libertad. El Código Penal en su Artículo 25 (La Sanción) determina: “La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente”… El VII Congreso exigió la resocialización del interno contra el denominado “contagio criminal” que intacto subyace en las penitenciarías.

Fueron explorados pormenores de inconveniencia social en las cárceles, donde el condenado y quienes no han sido sentenciados son abandonados a su suerte. La cuestionada autoridad policial asume vigilancia desde el entorno, pero ¿a ella quién la controla?, ya que “todos somos iguales ante la Ley”. Las iniciativas insertas en el tema “Reforma de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, como las que promueve el doctor Flores Aloras, alientan el espíritu sensitivo de las personas con solidaridad socio humana.

La anarquía judicial y procedimientos írritos difíciles de extirpar, como la “justicia” sin justicia y males carcelarios que conoce la sociedad, obligan al Estado a replantear innovaciones a favor de quienes sin influencia ni medios económicos se hallan poco menos que engrillados para subsanar penurias desde la oquedad.

Será crucial rehacer la administración del sistema judicial/penitenciario en Bolivia. Tal propósito no sólo es objeto de edificantes propuestas que emergen de la Facultad de Derecho de la UMSA en su cátedra de Derecho Penitenciario. Emprendimientos expeditivos como el acontecido madurarán el objetivo con resultados estimulantes.

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