Transportistas suspenden medidas y gremiales definen hoy acciones

Ambos sectores sociales acpetan la decisión del Ejecutivo de suspender el tratamiento del proyecto de Ley en la Asamblea; anunciaron que estarán pendientes al fallo del Tribunal y harán conocer sus observaciones.


Sectores pese a manifestar su conformidad, seguirán de cerca el análisis y tratamiento de la propuesta de ley en el tribunal Constitucional, para presentar sus observaciones.

Tras el anuncio del presidente Evo Morales de llevar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado al Tribunal Constitucional, los transportistas suspendieron todas sus medidas de presión, mientras que los gremiales hoy cumplirán un ampliado nacional en Sata Cruz, donde analizaran este aspecto y las medidas que asumirán.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Transportistas de Bolivia, Franklin Durán, informó que el anuncio del mandatario dejó a su sector momentáneamente pasivo, toda vez que el Tribunal Constitucional sería la instancia indicada de dar el fallo de constitucionalidad de la norma que es rechazada por los choferes.

“Seguramente lo juristas van hacer una evaluación de la propuesta de ley y darán su veredicto; en este momento no podemos decir si va salir positivo o negativo, dejemos que las autoridades jurídicas sean las que trabajen, pero reiterar y felicitar a nuestro Presidente por el hecho de consultar y saber si realmente procede o no. Es por eso que las movilizaciones quedan sin efecto”, puntualizó el Dirigente.

Durán manifestó que la norma que estará en evaluación y análisis en el Tribunal Constitucional será seguida muy de cerca por su sector para que el desarrollo y tratamiento de la misma vaya sin ninguna observación.

Sin embargo, el Dirigente expresó su preocupación, toda vez que el sector del autotransporte desconoce el documento que fue entregado al Tribunal. “No sabemos cuál documento fue entregado al Tribunal Constitucional, el reformulado o el original que ha sido aprobado en grande, estamos tratando de informarnos con los diputados y si no es así tendremos que acudir al Tribunal para que nos den una fotocopia”, dijo.

El Dirigente, además, confirmó que hoy se efectuará la reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Gremiales, Francisco Figueroa, anunció que en el ampliado que se cumplirá hoy en Santa Cruz, se definirá qué medidas asumirán los trabajadores de este sector

“Hay un rechazo inicial por las consecuencias que tendría para el sector la aprobación de esta ley sin que sea consensuada, por ello debemos tomar decisiones en el ampliado de hoy. La ley es contraria a la Constitución Política del Estado y es traumática para muchos, porque los primeros en caer son los más débiles y no es que caen los que tienen dinero”, dijo Figueroa.

Recordó que para allanar el camino envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, pero nunca obtuvo una respuesta, hecho que les obliga a buscar nuevos espacios de diálogo antes de tomar las medidas de presión.

En forma simultánea al desarrollo del Ampliado de los Gremiales, y como signo de apoyo en Santa Cruz, se cerrarán los principales mercados.

Los gremialistas señalaron que el problema radica en el hecho de los plazos que otorga el Gobierno para demostrar el legítimo derecho sobre una propiedad es insuficiente y basta ver cuántos meses tarda un trámite en Derechos Reales, como para darse cuenta que el Ejecutivo será el gran beneficiado con la incautación y que muchos propietarios de casas evitarán que los comerciantes dejen su mercadería en sus domicilios.

DATOS

- El Gobierno ha decidido, respectando el numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, elevar el anteproyecto de ley al Tribunal Constitucional para la consulta correspondiente. Mientras, se suspende el tratamiento en la Asamblea.

- El proyecto de ley establece que en caso de flagrancia, la Procuraduría procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna actividad ilícita, otorgando a los afectados un plazo de cinco días hábiles para que presenten sus descargos.

 
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