Consulta para destruir la selva amazónica beniana

En 1960 se propuso la internacionalización de la región amazónica de Sudamérica, a fin de preservar la integridad de la selva más grande del mundo, que es fuente generadora de aire puro para la humanidad. Esta propuesta fue rechazada y el 3 de julio de 1983 en Brasilia firmaron el Tratado de cooperación amazónica los gobiernos de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, que prohíbe la construcción de cualquier obra de infraestructura física que destruya la selva.

El diseño del tramo 2 de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos viola el Tratado de cooperación amazónica y todos los convenios internacionales vigentes para la protección del medio ambiente. Viola, además, la Constitución Política del Estado, que protege los parques nacionales. En el mundo de hoy, arrancar un árbol es un delito, arrancar millones de árboles es un crimen de lesa humanidad, un hecho de barbarie.

El diseño del tramo 2 de la carretera de marras obliga a arrancar millones de árboles a lo largo y ancho de 177 Km. Los indígenas benianos chimanes, yuracarés y trinitarios mojeños hicieron dos marchas de Trinidad de La Paz para hablar con el Gobierno y fueron objeto de represiones violentas. La Carta democrática interamericana dice que “el Presidente electo que abusa del poder es un tirano” y reconoce el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía.

La “consulta” que hace el Gobierno es tramposa, no tiene valor jurídico, nadie se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos, el Frente de Unidad que cohesiona a la oposición rechaza la destrucción de la selva amazónica beniana y exige que el tramo 2 pase lejos del TIPNIS. El desvío del tramo 2 no es un problema, actualmente se construye carreteras en los pantanos o curiches, en los cerros y en el lecho del mar, la tecnología lo resuelve todo.

En rigor de derecho, la consulta se la hace sobre asuntos lícitos a fin de conjugar el interés nacional con los derechos de los pueblos indígenas. Hace unos años, el Gobierno de Ecuador consultó a los indígenas amazónicos de ese país si estaban de acuerdo con la instalación de plataformas para la explotación de hidrocarburos y los indígenas dieron su consentimiento porque el proyecto del Gobierno ecuatoriano requería un pequeño espacio físico.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señala que “los pueblos indígenas seguirán poseyendo las tierras que actualmente poseen”. Esto quiere decir que los indígenas dueños del TIPNIS pueden defender su territorio con la ayuda de los benianos, de los bolivianos y de la humanidad. El Foro de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas puede exigir al Gobierno que el tramo 2 pase lejos del parque nacional Isiboro Sécure.

La comisión del medio ambiente de la ONU tiene la obligación de certificar si el tramo 2 altera o no el ecosistema. Es deber de los benianos impedir que el Gobierno destruya la selva amazónica del Beni y borre el mapa del TIPNIS.