Investigación revela plena vigencia de monopolios forestales en Bolivia

La estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia mejoró en los últimos años, pero aún se conservan algunos monopolios sobre el aprovechamiento y usufructo de los bosques bajo la figura de concesiones forestales pasibles a la renovación de manera indefinida, afirma el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) a través del periódico digital del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).

El economista e investigador del Cipca, Eufronio Toro, afirmó que a pesar de la importante disminución de la superficie de bosques en manos de privados, que llegaban a 22 millones de hectáreas al año 1996 a través de las concesiones forestales, y que actualmente se redujeron a 4.5 millones de hectáreas (has), aún 3.7 millones de has están en manos de sólo 30 familias o grupos empresariales.

“De esa cifra, 2,5 millones de has de concesiones forestales en la Amazonía y oriente de Bolivia, entre productos maderables y no maderables, están bajo el monopolio de 14 personas individuales o sociedades. Mucha concentración de los recursos bosques en pocas manos”, afirmó Toro al presentar su diagnóstico: “Recursos naturales, Amazonía y bosques en Bolivia. Situación actual, problemática y desafíos”.

Durante el taller “Nuevos retos de la comunicación en la gestión integral y sustentable de los recursos naturales, Amazonía y bosques en Bolivia”, el investigador compartió un análisis sobre la problemática forestal del país, ligada al acceso de la tierra y a los recursos naturales.

El especialista señaló que mientras en el período 1953-1992, el 39.24% de la tierra estaba en manos de empresas privadas, frente a 17.16% en manos de pequeños productores, hoy en día, el 23,3% de la superficie le pertenece al Estado a través de tierras fiscales, el 22,7 a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), el 13,3% a campesinos e interculturales, y el 4,1% a empresarios y medianos productores.

Producto de la revolución agraria a partir de la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 1996, dijo que de un total de 106.751,723 has saneadas, 39.482,568 le corresponde a la propiedad agraria titulada, 23.335,525 has a las tierras fiscales, 62.818,093 has a la superficie saneada y titulada. Se emitieron hasta el año 2011, 277.200 títulos y certificados a favor de 1.043,374 beneficiarios.

PROBLEMÁTICA

El régimen forestal expresado en la Ley 1700, según el análisis de Eufronio Toro, se centró mucho en la madera, y no incorporó una visión de aprovechamiento integral de otros recursos que ofrece el bosque, “por lo tanto, se extrae las maderas más finas, se incumplen planes de manejo y se descrema el bosque lo que le hace perder su valor y su biodiversidad”. Como respuesta, el Cipca planteó una propuesta de Ley Integral de Bosques.

Lamentó que hasta la fecha se mantengan concesiones forestales de hace 40 años pasibles a ser renovadas por un período similar, y posteriormente indefinidamente en un modelo de cuasi-propiedad. “Alguien que se concesionó tiene la posibilidad de renovar, haya cumplido o no los planes forestales, y se vuelve casi un propietario, cuando en los hechos ésa es una tierra fiscal”, dijo.

El investigador señaló que a pesar de que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) señaló de manera reiterada que el Estado percibía montos simbólicos por patentes y daños ocasionados al bosque por incendios forestales, terminó disminuyendo los impuestos de un dólar por hectárea a sólo 0,33 centavos de dólar, debido a la presión de los sectores empresariales.