Fernández acusa desgaste tras año cargado de tensión política

Buenos Aires, (EFE) - La “rebelión” de la clase media, el enfrentamiento del Gobierno argentino con sindicatos y medios y polémicas medidas económicas marcaron 2012 como un año de tensión política que ha generado un desplome de la imagen de Cristina Fernández y la primera huelga general en casi una década.

Tras su contundente triunfo electoral, con un 54 por ciento de votos, Fernández estrenó este año su segundo mandato con unas cifras de popularidad superiores al 63 por ciento.

Doce meses después, tras un rosario de controvertidas decisiones que han afectado directamente al bolsillo de la clase media, como el “cepo al dólar”, y una inflación real que entidades privadas cifran en un 25 por ciento, Cristina Fernández acusa un desplome de 20 puntos en su imagen, según encuestas privadas.

Este desgaste, unido a la división en la base social “natural” del peronismo por el enfrentamiento del Gobierno con parte del movimiento sindical, a la oposición interna en las filas peronistas y a los masivos y sonoros “cacerolazos” en las calles contra su política, ha alejado a Fernández de una posible reforma constitucional que abriría la puerta a un tercer mandato, tal como había planteado un sector del oficialismo.

Además, la presidenta no puede presumir este año de crecimiento a “tasas chinas” del 8 por ciento, como ocurría desde 2003, porque el país terminará con una expansión cercana al 1 %, según proyecciones privadas, como consecuencia de los coletazos de la crisis mundial y de la gestión de la política económica interna.

Por si no fuera suficiente, el Gobierno argentino termina 2012 con importantes cuentas pendientes en tribunales internacionales.

Afronta una denuncia del grupo español Repsol ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por la expropiación en abril del 51 por ciento de sus acciones en la petrolera YPF, que, según analistas del sector, no ha logrado el despegue esperado.

Paralelamente, el Gobierno mantiene una dura batalla legal en la justicia estadounidense contra los fondos especulativos que tienen deuda soberana del país y rechazaron las reestructuraciones planteadas en 2005 y 2010 por Argentina después de la suspensión de pagos de 2001.