Niegan cesación de detención a procesado en caso Bidesa

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó ayer la solicitud de cesación de la detención preventiva al procesado por el Caso Bidesa, N.P.Z., miembro del directorio de la entidad financiera hoy en proceso de liquidación.

El procesado alegó contar con domicilio particular, ser estudiante de la carrera de Derecho, tener problemas de salud y haber sido víctima de dilación del proceso por parte del Tribunal de Justicia, solicitando se deje sin efecto la cesación a la detención preventiva.

Por su parte, el vocal relator, Ramiro López, manifestó que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia ya habría valorado todos los elementos utilizados por la defensa de Portocarrero, indicando que no se habrían generado nuevos elementos que desvirtúen los fundamentos por los cuales se habría dispuesto la detención preventiva. De la misma manera, el tribunal señaló que no es suficiente el transcurso del tiempo, por el cual se encontraría con detención preventiva, como causal para disponer la cesación, dado que de conformidad con la Sentencia Constitucional N° 1131/2011, se debería demostrar quién es el responsable de la mora judicial.

Finalmente, tampoco concurren los presupuestos o condiciones establecidos en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal para disponer la cesación de la detención preventiva.

Por lo tanto se dispuso rechazar la solicitud de cesación indicando que para la emisión de la presente Resolución habrían existido 13 votos por el rechazo y 5 votos por que se conceda dicha cesación bajo los presupuestos de Salud y Vida.

Actualmente, son cuatro las personas apresadas por el caso denominado Bidesa: Roberto Landívar Roca, principal accionista de esa entidad financiera y otros tres exfuncionarios.

Recordemos que el año 1997 el Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (Bidesa) fue intervenido por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y dispuso su liquidación forzosa. Según la Corte, se cometió la falsificación de documentos y la retención indebida de recursos pertenecientes al Estado.