Las Cajas de Salud son inviolables por Derecho

Las Cajas Sectoriales de Salud están siendo atropelladas en su institucionalidad y en su patrimonio con peligro de quebrantar la salud de sus asegurados. Estos entes gestores de salud tienen por función atender a gruesos sectores de trabajadores, miles de jubilados y se encuentran reconocidos por disposiciones legales que definen su privacidad y, además, se hallan distantes del conglomerado de instituciones de la estructura estatal.

La Comisión Técnica creada por DS 1.403 del 9/2/2012 en uno de sus artículos señala: “El POA aprobado por el Directorio (de las cajas) deberá ser refrendado por el Inases, quien dentro de sus atribuciones deberá revisar y aprobar los POAS y presupuestos de estos gestores”. El año 2011 el actual Gobierno ratificó la autonomía de los gestores de salud y aclaró que el Art. 23 del DS 772 que reglamentó la Ley financial no se aplicaría a las cajas de salud. El proyecto de ley de abril del año 2011 del Ministerio de Salud y Deportes en su Art. 54 señala: “los entes gestores de salud son instituciones de derecho público con personería jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio”.

Las Cajas de Salud no se nutren de recursos del TGN, sus recursos económicos no son fiscales, por lo tanto, a la Contraloría no le corresponde fiscalizar ni imponer control alguno en los entes gestores de salud.

Para efectos de control y fiscalización, se reitera, se encuentra en plena vigencia el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) por mandato del DS 25.798, donde se define el marco de su aplicación y sus funciones como Único organismo responsable de aprobar programas operativos anuales y presupuestos de los entes gestores de salud o seguros delegados, lo que en la actualidad se viene cumpliendo. Entonces, ¿a qué viene crear otras instancias más en la burocracia estatal que a esta altura del tiempo ya está demasiado crecida?

“El Estado garantiza el servicio de salud pública y reconoce el servicio de salud privado”, señala el Art. 39 de la Constitución. El Numeral I del Art. 56 de la Carta Magna indica: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectiva siempre que ésta cumpla una función social”.

La COB dirigida dentro de su filosofía clasista, su independencia política y al servicio de sus trabajadores, señalaba en un comunicado publicado en EL DIARIO de fecha 27/2/2011 con referencia a la Ley financial Nº 062 “Para nosotros significa que el Estado quiere apropiarse de los recursos financieros de los aportes laborales en desmedro de la atención en salud del Sistema del Seguro Social”.

El IX Congreso de la Confederación de Jubilados de Bolivia en el Art. V de la Resolución 1/2011 puntualiza “Se recomienda al Comité Ejecutivo frenar cualquier medida del Gobierno que atente contra las cajas sectoriales de salud”.

El 2º Congreso Nacional de la Seguridad Social de la Confederación Nal. de Jubilados de Bolivia, realizado en Cochabamba en noviembre del pasado año, puntualiza: “Rechazar enérgicamente el Auto Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, Sala Segunda, que involucra a la Caja de Salud Cordes y vincula a los otros entes gestores en el Art. 3º de la Ley Nº 1.178 desconociendo la calidad de entes autónomos con patrimonio propio de los mismos”.

La Contraloría del Estado Plurinacional pretende desconocer cuáles son los límites de lo estatal y lo privado por imposición absorbente del Gobierno, cuando más bien debe dirigirse a fiscalizar y controlar los ingentes gastos fiscales que hace el Poder Ejecutivo para financiar obras con contratos y adquisiciones al margen de disposiciones legales que mandan hacer este tipo de gestiones mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales. Contraviniendo el derecho de lo privado respaldado por la Constitución, el Gobierno ha dispuesto que el Inases transfiera Bs. 44.397.311 al Ministerio de Salud destinados a la formación de profesionales en salud que serán enviados a centros de salud dependientes del Gobierno, cuando estos dineros provenientes del 0.5% patronal y laboral debían ser destinados a las cajas sectoriales de salud para su infraestructura y su buen equipamiento de moderna factura científica.

Ahora corresponde a gruesos sectores de trabajadores del sector privado y los más de cien mil jubilados y sus familias, adoptar actitudes preventivas para que en el futuro no se afecte la vida y la salud, así como el patrimonio de las cajas sectoriales de salud.