Amnistía Internacional estima que López es un “preso político”

En su último informe anual, el organismo denunció que Venezuela no ha detenido “las agresiones y la intimidación” contra disidentes, defensores de los Derechos Humanos y periodistas, en el caso de Leopoldo López. La situación también es grave en Cuba, Irán y Arabia Saudita (Infobae).

En un durísimo informe de la situación de los derechos humanos en el país, el organismo denunció que el presidente Nicolás Maduro aplica “ejecuciones extrajudiciales” y “juicios sin garantías” para perseguir opositores.

En su último informe anual, el organismo denunció que Venezuela no ha detenido “las agresiones y la intimidación” contra disidentes, defensores de los Derechos Humanos y periodistas. La situación también es grave en Cuba, Irán y Arabia Saudita.

“Las personas que se oponían políticamente al Gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos. Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad; tal práctica se saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos”, ha dicho AI.

GARANTÍAS

El texto destaca que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014 no han comparecido aún ante la justicia, al tiempo que ha denunciado que el Poder Judicial carece de independencia.

LIBERTAD DE PRENSA

Sobre la situación de la libertad de prensa y expresión, la ONG ha dicho que “los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación”.

Asimismo, denunció que el Gobierno no ha acatado el fallo internacional que lo conmina a devolver a sus propietarios la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), expropiada por el ex presidente Hugo Chávez en 2007.

Dedica un capítulo especial a la situación de los presos políticos en Venezuela, en especial el líder opositor Leopoldo López, al que consideró un “preso de conciencia”. López enfrenta una pena de 13 años y 9 meses de prisión tras un juicio en el que “no existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena”.

PRUEBAS

También el documento menciona los casos de Rosmit Mantilla, activista por los derechos LGBTI y miembro de Voluntad Popular, y Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara, condenados a ocho años de prisión por instigación pública. “El fiscal no aportó pruebas que fundamentaran los cargos y el juez desestimó pruebas periciales que señalaban que ninguno de los dos había manejado explosivos o sustancias inflamables”, advirtió AI.

USO DE LA FUERZA

AI que criticó la decisión del Ejecutivo de autorizar a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza para mantener el orden público.

“También posibilitaba que se autorizara el uso de armas de fuego durante las actuaciones policiales en las protestas públicas. La resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones. Se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Kluiberth Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táchira cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta”.

DERECHOS HUMANOS

AI ha criticado con dureza la política oficial hacia los activistas de Derechos Humanos en el país. “Tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros, dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de defensores de los derechos humanos a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar al gobierno”, ha dicho la ONG.

El opositor Leopoldo López en su celda. Amnistía Internacional lo consideró un “preso de conciencia”

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

“En julio, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha la Operación de Liberación y Protección del Pueblo para abordar los elevados índices de delincuencia. Se recibieron noticias de posibles ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y desalojos forzosos tanto de personas sospechosas de haber delinquido como de sus familias”, denunció AI.

El organismo recuperó cifras oficiales que hablaban de 52 civiles muertos en enfrentamientos armados. “La elevada cifra de bajas civiles, que contrastaba con la ausencia de lesiones o víctimas mortales entre la policía, apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales”.