[Álvaro Riveros]

Clepsidra

Batalla de Mantecani


No pudo haber un nombre menos solemne y más jocoso que el del teatro donde se libró, hace poco, la guerra entre cooperativistas mineros y fuerzas policiales. Solamente las causas expuestas y los resultados obtenidos en esa lamentable contienda justifican -en parte- la razón de ser de ese apelativo.

A riesgo de pecar de ingenuos, hacemos nuestras las explicaciones del gobierno que señalan como causa de este insólito conflicto, la exigencia de “los hermanos cooperativistas mineros” de modificar la recientemente aprobada ley de cooperativas que, en varios de sus artículos, les resulta engorrosa o simplemente desproporcionada para sus intereses, dado que su constitución actual, más que el de una cooperativa, es el de un emprendimiento minero ilegal y de economía informal, que les ha permitido obtener pingües ganancias hasta la fecha.

Tales ventajas que los cooperativistas obtuvieron gracias a su alianza estratégico política con el gobierno, como: la participación en el gabinete ministerial, la dispensa de pagar impuestos y un privilegiado régimen laboral que los salva de cumplir con la ley del trabajo y las cargas sociales que emanan de ésta, hoy ya no son suficientes, ante la situación planteada por la abrupta caída del precio de los minerales, que amenaza llevarse puesto a todo ese andamiaje.

Asimismo, es útil señalar que varias cooperativas auríferas que milagrosamente contribuyeron a que la producción nacional de oro se incremente de siete a veintidós toneladas anuales, jamás supieron o pudieron explicar las razones de este prodigio y, por el contrario, franquearon el camino de la duda y la sospecha de su íntima conexión con el contrabando y el lavado de dinero.

Entretanto, ante la caída de los precios de los minerales, los patronos de la cooperativa, que no suman más de una docena, pero con mucha más visión mercantil que los funcionarios del gobierno, no han visto mejor salida que vender o arrendar sus concesiones a empresas privadas que aceptarían el arreglo, pero sin inquilinos, lo que obliga a prescindir de los “socios” que, de estar amparados por un sindicato, podrían obstaculizar la transacción. Con mucha mayor razón si éstos suman decenas o centenas de trabajadores.

En 2014, un 90% de las cooperativas acantonadas en el departamento de La Paz arrojó una utilidad de mil ochocientos millones de dólares, de los cuales un 2% apenas ha ido a la paga de impuestos o regalías. Sus patrones han lucrado hasta la astronómica suma de 30,000 $us mensuales por nuca, una realidad que ya quisieran celebrar los mineros medianos o sindicalizados de Comibol.

En conclusión, este dilema sólo se resolverá cuando los antiguos socios decidan conciliar cuentas y no llevarlas al límite del ajuste, figurando una contienda donde tanto los unos como los otros obedecen a intereses concretos y, al igual que en el ajedrez, sólo van a luchar y morir los peones, caballos y alfiles, en un combate que no les pertenece y donde el rey se salva siempre y la reina es comida en la batalla de Mantecani.

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