Gas y vergüenza

Primero fue Brasil, que pidió una certificación de las reservas de gas natural de Bolivia antes de negociar una ampliación del contrato de compra-venta que fenece en 2019. El gobierno de Michel Temer quiere saber si Bolivia tiene el gas que se propone vender.

Y ahora Argentina, el otro comprador del gas boliviano, que quiere pruebas de que existe el gas en Bolivia y, a propósito de la propaganda sobre la venta de electricidad también, quiere saber si en eso habrá algo de seriedad.

Estas humillaciones, dichas con palabras directas por autoridades de los países vecinos, son la única reacción a la machacona propaganda interna sobre la “potencia energética” de Sudamérica, que se repite a pesar de las noticias sobre el desastre gasífero.

El mal humor del vicepresidente con las empresas nacionales de servicios petroleros, en el Congreso de la Cámara de Hidrocarburos, amenazándolas con reemplazarlas con empresas extranjeras, muestra que el gobierno está desesperado por la realidad del gas. Pero no sabe cómo manejar la situación.

Cuando se esperaba la entrada en producción del campo Incahuasi, descubierto en 2004, los trabajadores lo ocupan por la fuerza exigiendo el pago de sus salarios. Y circula la versión de que la empresa francesa Total ha sido excluida del manejo del campo, porque no estaría de acuerdo con someterlo a un ritmo acelerado de explotación, como quisiera el gobierno.

La otra estrella del gas, el campo Margarita, sometido a un ajuste de mantenimiento que podría durar seis meses, con lo que no quedan esperanzas de que se normalicen los envíos de gas a Argentina en los volúmenes convenidos.

A Argentina le está pasando con el gas boliviano lo mismo que a Ucrania cuando los jerarcas rusos se ponen majaderos y deciden reducir o cortar los envíos de gas por razones políticas. Aquí es sólo ineptitud.

Mientras el vicepresidente habla de la ineficiencia de empresas petroleras bolivianas, la planta de Yacuiba, que costó US$ 700 millones, sigue sin funcionar, igual que la de Río Grande o la de Bulo Bulo que costaron, juntas, más de US$ 2.000 millones. De eficiencia, la gestión estatal no puede dar lecciones y tendría que pedir a sus voceros que callen.

Lo peor de todo es que, como van las cosas, con este manejo, habría que pensar, de veras, en que el país comience a importar gas a mediados de la próxima década.

Hay que tomar previsiones para ello. Con tiempo.

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