Respeto judicial al trabajo de la prensa

SIP reitera que periodistas no pueden ser testigos

• El bloqueo en la carretera La Paz-Oruro, el pasado 24 y 25 de agosto, protagonizado por cooperativistas, terminó con la muerte de una autoridad del Estado y un minero


Conflictos no respetan la labor de la prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exige a autoridades judiciales bolivianas respeto a la independencia y neutralidad del trabajo periodístico y a la labor de la prensa y de los medios y evitar la distorsión de sus funciones al pedir material gráfico, grabaciones de video e información, obtenidas por periodistas durante la cobertura de conflictos sociales y otros, recuerda, además, que los periodistas no pueden ser testigos.

PRONUNCIAMIENTO DE ASAMBLEA

La aseveración forma parte del pronunciamiento de la 72ava reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuya entidad analizó lo que sucede en Bolivia, a raíz de los hechos ocurridos en Panduro el 25 de agosto, fecha en que murió el exviceministro Rodolfo Illanes y un cooperativista minero.

“La entrega de material obtenido bajo el principio del secreto de prensa, en sus investigaciones, supondría vulnerar principios fundamentales del trabajo informativo y quebraría la imparcialidad, respeto y fidelidad que debe demostrar todo periodista ante sus fuentes y públicos”, señala parte del pronunciamiento.

La nota de la SIP recuerda también a las autoridades judiciales que los periodistas no pueden constituirse en testigos durante procesos judiciales, porque ello los inhibe y obliga a su autocensura en la cobertura de conflictos y otros hechos noticiosos.

“Salvo en situaciones en que la vida de una persona se encuentre en riesgo, los periodistas deberían abstenerse de entregar información y material protegido por el secreto profesional”, reitera.

RESPETO AL TRABAJO

En ese misma línea, la SIP exhortar a los sectores sociales en conflicto y ciudadanos en general a respetar el trabajo periodístico, porque contribuye a garantizar la democracia, a preservar las libertades constitucionales de libre expresión, de opinión y de información.

También exige¨n a la Fiscalía y a otras instancias judiciales el cumplimiento del artículo 296 del Código Penal, y exhorta al Poder Legislativo la preservación de la norma que protege el funcionamiento de los medios de información, como prueba de la vigencia de la democracia.

DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

La entidad internacional reclama la devolución del estudio y equipos secuestrado a radio Fencomin, ya que el medio y los periodistas son ajenos a las causas judiciales, abiertas en el caso de Panduro.

La determinación fue asumida luego de un exhaustivo análisis que se realizó de los hechos que sucedieron el pasado 24 y 25 agosto en Panduro, carretera Oruro-La Paz, en la que perdió la vida la autoridad de régimen penitenciario y el cooperativista minero Rubén Aparaya.

En cuyo lugar también fueron agredidos periodistas y camarógrafos por los manifestantes, hasta el punto de haber sido golpeados y arrebatadas sus herramientas de trabajo, y hasta la fechas no hay responsables por este suceso.

"Durante las protestas, los equipos de prensa de canales de televisión, diarios y radioemisoras sufrieron el hostigamiento de los manifestantes, amenazas y agresiones físicas, que dejaron un saldo de tres camarógrafos y fotógrafos heridos", recuerda la nota de la SIP.

LEY DE IMPRENTA

También exige respeto a los artículos 8 y 9 de la Ley de Imprenta de Bolivia, que establecen la inviolabilidad del secreto en materia de imprenta, y sanciona al editor o impresor que revelare a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo.

"Pedir al Gobierno cesen los ataques verbales contra periodistas y medios de información, al atribuirles responsabilidad por los conflictos que enfrenta, porque generan una peligrosa corriente que podría derivar en acciones violentas contra los comunicadores", señala.

Asimismo, solicita a la Fiscalía la conclusión de las investigaciones para identificar y sancionar a los agresores de camarógrafos y fotógrafos que resultaron heridos, durante el conflicto entre mineros cooperativistas y el Gobierno.

 
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