Reformar la administración de justicia

Cuando diez años atrás la tienda partidaria encabezada por Evo Morales tomó el poder, acusó a la justicia boliviana de corrupta y dijo que era necesario reformarla. En ese sentido dictó una nueva Constitución que aprobó nuevas bases para que el Poder Judicial sea eficiente y prestigioso.

En ese sentido, la nueva Carta señaló como solución definitiva que los magistrados debían ser elegidos por el voto popular, medida que fue criticada por especialistas en Derecho. Pero contra viento y marea, el año 2011 las máximas autoridades judiciales del país fueron electas por esa vía.

Sin embargo, a poco andar se constató que la administración de Justicia en vez de arreglarse había empeorado y los mismos gobernantes aseguraron que la medida fue un “fracaso”, que la justicia estaba “podrida” y “en terapia intensiva”. Así reconocieron el error.

Pero, desconociendo esas afirmaciones, el gobierno repetirá el error y en octubre próximo serán elegidos nuevos magistrados de acuerdo con nuevas normas. En todo caso, pese a las buenas intenciones, la nueva elección volverá a ser otro error y terminará en un fracaso mayor, como ocurre cuando el error es repetido y esta vez en forma consciente. Por tanto, el próximo fracaso será mayor.

SOLUCIÓN DE FONDO

La solución del problema de la administración de justicia debe marchar por nuevos caminos y no limitarse a maquillajes ordinarios y, aunque ya es tarde, se debe proponer otro proyecto para el futuro.

En efecto, la administración de justicia (y no la justicia) debe empezar por los jueces de tribunales urbanos y municipales elegidos directamente por la población, vale decir por sufragio, universal, directo y secreto, por un período determinado. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar; cada elector tiene un voto y los electores elijen de manera directa por el voto secreto. Hombres y mujeres tienen derechos electorales iguales. Las elecciones son organizadas por comisiones de representantes de las organizaciones sociales locales.

Los magistrados superiores serán escogidos por el Presidente o comités de la legislatura con base en el potencial de méritos de cada uno de los jueces de las gestiones anteriores. Éstos serán ratificados por el senado o el Congreso.

Esa nueva organización de justicia garantizará la administración de los tribunales y, así, ningún fiscal, movimiento social o milicia podrá intervenir en los casos de comisión de delito ni penalizarlo. Solo el tribunal y, nada más que el tribunal, reconoce el delito por sentencia en consonancia con la ley.

Por otra parte, en líneas generales, el fiscal y el juez instructor no tienen la tarea de conseguir a cualquier costo la condena del procesado; la justicia será impartida en el lenguaje de cada nacionalidad; los tribunales están obligados al estudio directo de las pruebas; deberá presumirse la inculpabilidad del procesado, etc.

La actual elección de jueces, que va de arriba abajo, no resolverá los problemas de que se acusa a la justicia (retardación, corrupción, violaciones de la legalidad, culto a la personalidad, poderes a autoridades extrajudiciales para aplicar represalias, etc.). ¿Pero, quién le pone el cascabel al gato?