Ya estamos en el cielo, pero no hay salud en la tierra

Normalmente los gobiernos, sobre todo de corte socialista o populista, hacen discursos de sensibilidad con la salud y la educación en los procesos electorales e incluso algunos hasta las incluyen en su programa de gobierno y sus Constituciones Políticas del Estado como prioridades.

Esta figura ha sido casi recurrente en todos los gobiernos de América Latina; eso decía Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Kirchner en Argentina, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, entre otros.

Sin embargo, revisando la práctica con el discurso, se ha encontrado un abismo enorme porque resulta que son las áreas más descuidadas, consecuentemente no son resueltas varias enfermedades curables que están azotando a toda la región.

En el caso boliviano, esta situación es patética. En el discurso y en el papel, tanto la Constitución Política del Estado antigua como nueva sostienen que la educación y la salud son la primera función del Estado. Concretamente la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional expresa: “Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno” (Art. 18, I, II, III CPE).

En los artículos 35 al 45 y todos sus parágrafos de la misma CPE, pregona con vehemencia dar salud y seguridad social a todos los bolivianos y bolivianas sin distinción de clase y sin discriminación, dando a entender de tal manera que no habrá dificultad alguna en este ámbito.

Por otro lado, la Ley 2.341, Art. 5, parágrafo I, de procedimiento administrativo, dispone que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias.

La Ley No. 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Art. 81 parágrafo I, NUMERAL 1, señala que el nivel central del Estado tendrá la competencia de elaborar la política nacional de salud y las normas que regulen el funcionamiento de todo los sectores, ámbitos y prácticas relacionadas con la salud.

Más adelante la misma ley mencionada y el mismo artículo, pero en los siguientes parágrafos, otorga competencias en el ámbito nacional, departamental y territorial o local, donde los hospitales de tercer nivel pasan a la administración de las gobernaciones y los hospitales de primero y segundo nivel pasan a los Gobiernos Autónomos Municipales, para su administración y así otorgar ampliación o mejoramiento de la infraestructura sanitaria, equipamiento, dotación de insumos, medicamentos y demás suministros, servicios básicos, como también los Gobiernos Autónomos Departamentales podrán financiar ítems de salud con recursos de IDH, garantizando su sostenibilidad financiera.

Han trascurrido más de 11años, la respuesta a las dificultades de salud no aparece todavía como debiera, lo que se ve más bien es aumento de enfermos con diferentes dolencias, tanto en área urbana como en el campo.

En el caso de Cochabamba, por ejemplo, sólo existe un hospital público de tercer nivel (Viedma) para un millón setecientos mil habitantes. Todas las mañanas desde las 3 de la madrugada (otros duermen) los ciudadanos hacen cola en cuadras enteras para ser atendidos, los con suerte a las once de la mañana; el resto tiene que volver al día siguiente para tomar fichas y ser atendido otro día y así sucesivamente.

En el campo no existe un solo hospital de III nivel; casi todos son de I nivel, en condiciones precarias infraestructuralmente y con un enfermero o enfermera sin algún médico profesional competente y obviamente sin equipamiento de máquinas.

Por eso en las comunidades indígenas la gente muere con Chagas, cirrosis, problemas de aparato digestivo (cáncer en el esófago, estómago, intestinos delgado y grueso), picaduras letales de mik’u mik’u, jullut’uma (variedad de víboras e insectos), embolia, entre otros. Esa gente necesita para salvarse un hospital o clínica de III nivel con obligatoriedad.

Los organismos internaciones como la OPUS y la OMS han señalado claramente que un hospital de III nivel debe ser para cada 300 mil personas. En Bolivia, como se ha visto, no sólo que no se cumple esta regla, sino sencillamente no existen hospitales públicos ni siquiera de II nivel en las comunidades indígenas para aminorar las penas de salud de familias enteras.

Mientras tanto, sobre todo el gobierno central, se ocupa de invertir el dinero en canchas deportivas, coliseos, sedes sindicales, viajes internacionales de grupos de personas (representantes de movimientos sociales), compra de helicópteros, publicidad en casi todos los medios de comunicación de masas, por entrega de “obras” y mostrar el rostro del Presidente, construcción de palacio de gobierno, ubicación de satélites en el espacio entre otros.

Significa una forma de mala inversión de los recursos económicos, que técnicamente se llama malversación de fondos de los bolivianos en cosas no relevantes a precio de dejar agonizar o morir a bolivianos por falta de atención médica.

Ya estamos en el cielo, pero no tenemos salud en la tierra, huele a azufre, ¡desarrollismo puro! ¿Para esto queremos ser reelegidos? Deber de un Presidente es vivir para resolver los problemas vitales de un país y no vivir con el precio de la desgracia del soberano.