La sociedad demanda políticas de Estado por casos de violación

Hasta el primer cuatrimestre de la presente gestión, se ha reportado un incremento del 300% de casos de violación que afectan a menores de edad, de acuerdo con los últimos datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto. Muchos de los delitos cometidos afectaron la sensibilidad humana, al conocerse que las víctimas son bebés y niñas o niños, quienes en vez de ser protegidos por su entorno, fueron objeto de violencia.

Una iniciativa ciudadana, a la cabeza de padres de familia, permitió la presentación de un Proyecto de Ley el pasado 23 del presente mes, que busca lograr definir una máxima sanción para aquellas personas identificadas como responsables de realizar toques impúdicos o abuso sexual en contra de menores de edad. Cadena perpetua es la propuesta, la misma que 24 horas después reiteró el Vicepresidente, que si bien es una opción, no representa garantía para que los menores de edad dejen de ser víctimas de tan crueles delitos.

Lamentablemente, más del 85% de los privados de libertad, entre ellos violadores de menores de edad, no son sentenciados conforme a los tiempos procesales vigentes. Por ello, aunque les demuestren que han cometido el ilícito de violación, no se garantiza que sean sentenciados en el menor tiempo posible, aspecto que facilita que sean puestos en libertad, conforme al procedimiento judicial.

Si bien el proyecto de ley presentado por los padres de familia está basado en tres pilares, como prevenir, sancionar y rehabilitar, estas tareas deben ser encaradas por el Estado, ante el riesgo de afectar a futuras generaciones de personas y que estos casos solo sean parte de las estadísticas de los procesos judiciales. Pero al ser hechos que afectan nuestra sensibilidad humana, no deberían ser vistos como “un caso más”, sino como el extremo de la conducta humana, la “degeneración moral, cáncer espiritual, que no basta una pena de 30 años”, como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.

En términos de prevención, las autoridades de Estado han sido desplazadas por las redes sociales, las cuales son de pleno acceso, sin restricción, tanto a niños, adolescentes y adultos que logran ser parte del entorno de los menores. Por lo tanto, mientras dentro de las unidades educativas la malla curricular no incluye políticas de prevención destinada a los educandos, para que sean ellos quienes denuncien cuando son víctimas de violación, en la actualidad las Defensorías de la niñez y adolescencia o las instancias municipales siguen con los antiguos consejos para que las familias hablen con sus niños y niñas de valores sociales, humanos, de sexo y de no confiar en personas extrañas.

Pero, ¿qué pasa cuando el propio entorno del menor, en algunos casos, genera el mayor riesgo para su estabilidad emocional, su desarrollo como persona y su plena integridad?, la víctima no tiene a quién recurrir, hasta que alguien más detecta que ese niño no ríe, no habla, solo muestra miedo o rebeldía, agresión o peor aún, está muerto.

Ni hablar de rehabilitación. En los centros penitenciarios -con excepción del Centro de rehabilitación de Calauma, ubicado en Viacha- no se aplica alguna política de rehabilitación. Por el contrario, la reincidencia de delitos o la conformación de nuevas organizaciones criminales, es la constante de quienes entran preventivamente a las cárceles. Por lo tanto una ley más, de las tantas que tenemos, no garantiza su aplicabilidad, resultado y menos la protección a los más indefensos.

La autora de esta nota es Licenciada en Comunicación Social.