Confundiendo la gimnasia con la magnesia

Cuando el segundo mandatario del Estado, Álvaro García Linera se aprestaba a emitir su voto en las no sin razón cuestionadas elecciones judiciales, en claro presagio de los resultados que finalmente se dieron y que eran los previsibles luego del irremisible error del Tribunal Constitucional Plurinacional -cuya resolución no atiende ni a tratados internacionales, ni a la Constitución o a la ley y mucho menos al más mínimo sentido de sindéresis o principios generales del derecho; pero sobre todo del sacrilegio jurídico, filosófico y político contenido en la Constitución Política del Estado para la elección de magistrados, tribunos y consejeros-; declaró entre otras cosas que no se requería más de 157 votos para que cualquiera de los postulantes alcance legitimidad superior a los del antiguo régimen constitucional.

Bien, su calidad de Vicepresidente y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace que el señor García goce de todas las consideraciones y prerrogativas de su investidura, pero no es menos cierto que el pueblo en el que reside toda la soberanía y al que le debe el rango que ostenta, es y debe ser merecedor del mayor de los respetos, precisamente y con más razón, por parte de sus gobernantes.

Y es que comparar el voto de 157 o 160 ciudadanos con los de 157 parlamentarios del antiguo sistema constitucional, resulta un desvarío, por decir lo menos; un sinsentido que no puede interpretarse sino como una atroz falta de deferencia a la capacidad intelectual, de reflexión y de análisis de un pueblo que piensa y discierne cada declaración de sus gobernantes.

No es novedad que la antigua manera de elegir a los Ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia no era precisamente la forma más remilgada de hacerlo, ni mucho menos (pasamos del cuoteo político al monopolio partidista). Pero sugerir como conclusión de perfecta democracia que los votos de 160 electores tienen la misma calidad que de 157 diputados y senadores es escandalosamente absurdo. No hay que ser un experto en ciencia política para saber que los parlamentarios de la Constitución de 1967 o los asambleístas de la actual Carta Magna representan a la población; en el caso de los 130 diputados de antes, siguiendo reglas de cálculo matemático actuariales proporcionales al número de votantes en el caso de la Cámara baja, y a los departamentos, en el caso de los senadores.

De ello se infiere que cada parlamentario de la cesada Constitución, como hoy ocurre, representaba a muchas decenas de miles de ciudadanos y desconocer ese razonamiento, que obedece al sistema de democracia representativa, significaría que los asambleístas nacionales de la actualidad tampoco representan a nadie, en tanto el voto de cada uno de ellos, expresado en tantas leyes del último decenio, equivale a un voto del ciudadano común que no sufraga en nombre de nadie, sino de sí mismo. Por tanto, comparar el voto de un ciudadano en comicios con el de un asambleísta en el contexto del Órgano Legislativo es tan pertinente como la similitud existente entre la velocidad y el tocino.

Así, pretender con esa afirmación que el pueblo, sabio por definición, confunda la homofonía política de 157 votos legislativos con igual número de sufragios del electorado y que alguno o todos los postulantes de estas inviables elecciones alcancen legitimidad con esa cifra en un universo de más de 6.000.000 de electores, es un manoseo a la inteligencia de la ciudadanía, es botana política a cráteres jurídicos que dejó la forzada Constitución de 2009.

El autor es jurista y escritor.