Coca y violencia

La producción de cocaína preocupa cada vez más en el planeta. No sólo se trata de un grave problema de salud pública en muchos países, sino que ahora hay informes que dan cuenta de que, crecientemente, parte del dinero resultante de su comercialización termina en manos de Hezbollah, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y Egipto. Entre otros.

En una reciente entrevista con el diario digital Infobae, el embajador israelí en Argentina, Ilan Sztulman, manifestó la certeza de su gobierno de que parte del boyante negocio del narcotráfico en la región se ha vinculado a Hezbollah.

“El narcotráfico de Argentina y la región financia a grupos terroristas como Hezbollah”, dijo el diplomático al señalar como epicentro de esas actividades, en esta parte de Sudamérica, a la denominada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

La advertencia de Israel llega en momentos en que la policía paraguaya ha multiplicado operaciones contra el ingreso de cocaína boliviana a su territorio. Se suman a las múltiples denuncias de Argentina y Brasil de que ella ha inundado su geografía.

“Hay presencia (de Hezbollah) en la Triple Frontera. Pero ha crecido el esfuerzo del gobierno argentino, de Brasil y de Estados Unidos de combatir este fenómeno. Esto existe. Las células de terror y droga están allí. No están separadas estas células. Hezbollah desde que empezaron las sanciones a Irán y la baja del precio del petróleo se financia con dinero del narcotráfico. En Siria, Irán, Irak y Líbano el Hezbollah tiene un frente gigantesco para financiarlo. Cuando hay un precio del petróleo bajo se necesita del financiamiento del tráfico de drogas. Gran parte del tráfico de drogas hoy es controlado por Hezbollah. Fueron creados lazos de trabajo entre narcotraficantes y grupos de Hezbollah. En la Argentina y en la región de América Latina los grupos de narcotraficantes financian al Hezbollah”, declaró el representante del gobierno israelí.

Sin embargo, en Bolivia, el gobierno no parece inquieto por estas denuncias ni por esa presencia en la región y menos por la eventualidad de que sus políticas de ampliación de cultivos de coca terminen indirectamente alentando al narcotráfico y al terrorismo.

Su mayor inquietud parece radicar en favorecer a los productores de hoja de coca del Chapare. Sus recientes tareas de represión, con al menos 500 policías desplegados para el efecto, contra los cocaleros de los Yungas se asemejan a una estrategia de sometimiento de ese sector a los intereses del Chapare en cuanto a quién dicta las políticas del negocio y maneja el mercado.

Los cocaleros de los Yungas son hoy un nuevo enemigo del gobierno por considerar que la ampliación de 12.000 a 22.000 hectáreas dispuesta por el presidente Evo Morales, jefe de los cocaleros del Chapare, es absolutamente innecesaria y denunciar que gran parte de la coca del subtrópico cochabambino va a parar a las fauces del narcotráfico.

“Del Chapare todos saben que la producción de coca no va al consumo tradicional, no va al masticado”, ha dicho el máximo dirigente de los cocaleros yungueños, Franklin Gutiérrez. Un pecado por el que el gobierno intentó deponerlo y escarmentar a sangre y fuego a sus levantiscos representados.

El resultado fueron más de 40 cocaleros yungueños detenidos y al menos 20 heridos en jornadas violentas que sacudieron a la paceña Villa Fátima, sede de Adepcoca, tomada por obvios enviados del gobierno.

Un gobierno que parece mirar para otro lado cuando desde adentro y afuera le dicen que la producción del Chapare es mayoritariamente destinada al narcotráfico, ese que estaría financiando hoy al grupo acusado de haber cometido el peor atentado terrorista en la región: la voladura de la AMIA (Buenos Aires, 1994). Dejó 85 muertos, seis de ellos bolivianos.