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Fuerzas productivas bajo pena de muerte


 

En días pasados, autoridades del oficialismo anticiparon la aprobación de medidas económicas en homenaje al Día del Trabajo, el 1 de mayo. Sin embargo, el anuncio ha causado más preocupación en los círculos obreros que empresariales porque, al parecer, afectarían su nivel de vida, así como al interés nacional y sus fuentes laborales.

Como es sabido, algunas medidas económicas tienen doble carácter. En efecto, cuando se mira desde un punto de vista emocional, producen alegría e inclusive raptos de optimismo que hacen ver, en medio del desierto, ilusorios castillos y fuentes de agua, mientras en otros casos se produce un proceso de razonamiento que permite concluir que se trata de disposiciones utópicas, fuera de la realidad.

En efecto, el anuncio de un alza salarial al margen de una política salarial de tipo nacional y democrática y, enseguida, la promulgación de una ley de empresas sociales, ha promovido no solo preocupación sino hasta malestar en círculos laborales, ya que provocarían una serie de dificultades para la economía en general del país y, por tanto, para los mismos obreros y trabajadores en general,

En particular, la disposición referida a las “empresas sociales”, que dice que si una empresa privada ingresase en una situación crítica, sería transferida a los trabajadores, en lugar de ser declarada en quiebra, no ha podido menos que ser considerada como ilógica en las actuales circunstancias que vive el país y que no están para aventuras económicas, so pena de caer en una situación completamente contraria a lo esperado.

Los obreros, como los empresarios privados, afirman que han previsto que lo que hay que hacer en la actual etapa histórica del país es desarrollar el proceso democrático y no, al contrario, afectarlo y hasta destruirlo, en aras de un supuesto proceso de tipo socializante que pondría fin a todo lo avanzado y de donde sería imposible volver a avanzar. Tal previsión es admisible en vista de la experiencia que existe al respecto en el país.

Efectivamente, entre gran cantidad de casos ocurridos en el pasado, en sentido de transferir empresas en quiebra a los trabajadores, es suficiente citar el caso de Enatex, próspera empresa que por dificultades de menor cuantía pasó a manos de alrededor de dos mil trabajadores, pero que de inmediato entró en verdadera crisis y pese a las más decididas iniciativas oficiales, esos obreros quedaron sin trabajo.

Así, las emociones subjetivas en vez de favorecer el crecimiento de las fuerzas productivas, hacen lo posible para destruirlas, con el estilo de la vieja Unión soviética, Cuba y Venezuela y se las somete a presiones tributarias, aumentos salariales irracionales, contrabando, inseguridad jurídica, incentivo a la evasión tributaria, bloqueos, terror y otras amenazas. Por tanto, se decreta la pena de muerte para fuerzas productivas que son base de una economía política.

 
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